Lo ejecutaron por un crimen cometido cuando tenía 17 años y una década después el ADN probó su inocencia

Johnny Frank Garrett tenía 28 años cuando fue ejecutado con una inyección letal en una prisión de Texas, el 11 de febrero de 1992. Había pasado casi toda su vida adulta en el corredor de la muerte por un crimen cometido cuando aún era menor de edad: la violación y el asesinato de la hermana Tadea Benz, una monja católica de 76 años. Doce años después de su muerte, un análisis de ADN demostró que no había sido el autor del homicidio. Para entonces, ya era demasiado tarde.

La noche del 31 de octubre de 1981, mientras Amarillo celebraba Halloween, alguien ingresó al Convento de San Francisco, violó a la religiosa y la asesinó a cuchilladas. La víctima apenas pudo ofrecer resistencia. El crimen sacudió a la comunidad y la presión por encontrar un culpable fue inmediata.

Johnny Frank Garrett parecía encajar a la perfección en el rol del sospechoso ideal. Tenía antecedentes por pequeños robos, un historial de conducta errática y esa misma noche había sido visto saliendo del convento. Él mismo admitió que había entrado a robar horas antes del asesinato. Sus huellas dactilares estaban en el lugar y, durante un allanamiento en su casa, la policía encontró un cuchillo de cocina similar al utilizado en el crimen. Garrett siempre negó haber matado a la monja, pero nadie pareció escuchar esa parte de su confesión.

Durante los interrogatorios, su comportamiento terminó de sellar su suerte. Hablaba de fantasmas, aseguraba comunicarse con su tía fallecida y decía tener una personalidad alternativa llamada Aaron Shockman. En lugar de encender alarmas sobre su salud mental, esas declaraciones fueron interpretadas como una puesta en escena. Las pericias psiquiátricas realizadas arrojaron resultados preocupantes, pero sus propios defensores no las incorporaron al juicio. El jurado lo condenó por unanimidad a la pena de muerte.

Garrett pasó diez años en el pabellón de los condenados, mientras organizaciones contra la pena capital, especialistas en salud mental, Amnistía Internacional e incluso el papa Juan Pablo II pedían clemencia. Nada alcanzó. Cuando llegó el día de la ejecución, persistieron incluso dudas sobre si llegó a pronunciar sus últimas palabras. El comunicado oficial sostuvo que se negó a hacerlo, aunque algunos periodistas afirmaron haberlo escuchado despedirse de su familia con una frase cargada de resentimiento. Lo único indiscutido fue su último pedido: helado, mucho helado, la comida de un chico.

Detrás del expediente judicial había una historia todavía más oscura. Johnny Frank Garrett había nacido en diciembre de 1963 y su infancia estuvo marcada por el abuso. Fue víctima de violencia sexual por parte de sus padres y una de sus abuelas, quienes además lo entregaron para ser filmado en material pornográfico. Ese pasado lo persiguió hasta el final. Según la psiquiatra forense Dorothy Lewis, que lo entrevistó en varias ocasiones, Johnny estaba más aterrado por la posibilidad de que esas filmaciones salieran a la luz que por su ejecución inminente.

Lewis, especialista en trastorno de identidad disociativo, estaba convencida de que Garrett no era mentalmente apto para ser ejecutado. Sostenía que el Estado de Texas estaba a punto de matar a “un hombre loco por un acto cometido por un niño loco”. Sus advertencias coincidieron con los pronunciamientos de los obispos católicos de Texas y con una carta de Amnistía Internacional que describía a Garrett como un psicótico crónico con daño cerebral. Aun así, la gobernadora Ann Richards solo concedió una breve postergación. La ejecución se llevó a cabo seis días después del último pedido de clemencia.

La historia parecía cerrada hasta que, en 2004, una presentación judicial obligó a revisar la evidencia biológica del caso. El ADN hallado en el cuerpo de la hermana Tadea Benz no coincidía con el de Garrett. Coincidía, en cambio, con el de Leoncio Pérez Rueda, un delincuente condenado por un crimen similar: la violación y el asesinato de otra mujer. Confrontado con los resultados, Pérez Rueda terminó confesando que había violado y asesinado a una monja anciana en Amarillo.

La conclusión era devastadora. Johnny Frank Garrett había sido condenado y ejecutado sin pruebas irrefutables por un crimen que no cometió. Sin embargo, ni siquiera esa revelación alcanzó para reparar la injusticia: hasta hoy, la justicia estadounidense no lo exoneró formalmente y su nombre sigue figurando como el de un asesino en los registros oficiales.