Le robaron el celular, le vaciaron las cuentas y la Justicia obligó al banco a devolver el dinero

La Cámara Comercial confirmó la responsabilidad de una entidad financiera por un fraude cometido tras el robo de un teléfono móvil. Ordenó restituir los fondos sustraídos y pagar una indemnización por daño moral.

La Justicia Comercial ordenó a un banco restituir el dinero que una clienta perdió luego del robo de su teléfono celular, desde el cual se realizaron transferencias bancarias no autorizadas. El fallo, que fue confirmado por la Cámara Comercial, también estableció una compensación económica por el daño moral sufrido y puso el foco en las obligaciones de seguridad que deben cumplir las entidades financieras frente a fraudes digitales.

El hecho se remonta al 6 de julio de 2023, cuando una mujer fue víctima del robo de su celular mientras viajaba en colectivo por la zona de Avenida Santa Fe y Bulnes, en la Ciudad de Buenos Aires. Tras el arrebato, la damnificada bloqueó la línea y el equipo a través de su empresa de telefonía, y más tarde recuperó el acceso a su número con una nueva tarjeta SIM.

Sin embargo, ese mismo día recibió una notificación del banco informándole el bloqueo de su homebanking y de sus tarjetas por la detección de movimientos sospechosos. Al intentar verificar la situación, descubrió que se habían realizado dos transferencias no autorizadas por un total de 315 mil pesos. Días después, también advirtió el faltante de 3.200 dólares de su caja de ahorro en moneda extranjera.

La mujer denunció tanto el robo del dispositivo como las operaciones bancarias fraudulentas y reclamó ante la entidad financiera la devolución de los fondos. El banco rechazó el pedido, al sostener que las transacciones se habían realizado con las credenciales correctas y atribuyó el hecho a una supuesta negligencia de la usuaria.

Ante esa respuesta, la clienta inició una demanda judicial en la que reclamó la restitución del dinero y una indemnización por el perjuicio sufrido. En primera instancia, la Justicia le dio la razón y condenó al banco a devolver la totalidad de los fondos sustraídos y a pagar una suma millonaria en concepto de daño moral, al considerar que existió una relación de consumo y que la entidad incumplió su deber de seguridad.

El juez sostuvo que el banco no logró demostrar que la clienta hubiera compartido sus claves ni que hubiera actuado de manera imprudente. Además, remarcó que la entidad no aportó información técnica suficiente sobre sus sistemas de seguridad ni acreditó haber aplicado mecanismos preventivos eficaces para evitar el fraude.

La decisión fue revisada por la Cámara Comercial, que confirmó la responsabilidad del banco y ratificó la obligación de restituir el dinero, aunque redujo el monto del daño moral a 3,5 millones de pesos. Los jueces destacaron que la prestación del servicio de homebanking implica riesgos que deben ser asumidos por la entidad que lo ofrece y obtiene un beneficio económico de su utilización.

El tribunal subrayó que la normativa del Banco Central exige a los bancos implementar sistemas de monitoreo transaccional acordes al perfil del cliente y activar canales de verificación alternativos ante operaciones inusuales, requisitos que no fueron cumplidos en este caso.

Si bien la Cámara rechazó la aplicación de una multa por daño punitivo, consideró acreditado que la situación generó un impacto emocional que excedió una simple molestia, al tratarse de la pérdida de ahorros y de una respuesta insuficiente por parte del banco.

El fallo sienta un antecedente relevante en materia de fraudes digitales y refuerza el criterio judicial que responsabiliza a las entidades financieras por la seguridad de los fondos depositados, incluso cuando las maniobras delictivas se originan a partir del robo de dispositivos móviles.