El empresario Lázaro Báez, condenado a 15 años de prisión en las causas “Vialidad” y “La ruta del dinero K”, será trasladado nuevamente al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, tras el rechazo de la Justicia Federal a un habeas corpus presentado por su defensa.
Actualmente, Báez se encuentra detenido en la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal de Río Gallegos. Sus abogados habían solicitado con urgencia que fuera trasladado a El Calafate para recibir atención médica especializada en el Hospital Samic, argumentando que el hospital regional de Río Gallegos carece del equipamiento necesario. Además, insistieron en el otorgamiento de prisión domiciliaria por el estado de salud crítico del empresario.
Los representantes legales presentaron dos escritos: uno ante el juez federal Claudio Vázquez y otro ante el juez de Ejecución Néstor Costabel. El viernes pasado se llevó a cabo una audiencia en el Juzgado Federal de Río Gallegos, con la presencia de Báez, sus abogados Yanina y Lucas Nicoletti, el médico que lo atiende, Mario Kamelman, y autoridades del penal. Tras casi dos horas de análisis, el juez Vázquez rechazó el habeas corpus y ordenó su traslado a Ezeiza, donde ya había estado detenido entre abril de 2016 y diciembre de 2019.
Según informó La Opinión Austral, Báez podrá realizar los estudios médicos en una clínica privada —posiblemente Medisur— cuyos costos serán asumidos por su defensa, y los abogados podrían presentar una apelación.
El último incidente relacionado con su salud se produjo el pasado domingo, cuando Báez tenía un turno médico y una audiencia virtual, pero su defensa denunció que su estado se había agravado, con “riesgo de vida” en las condiciones actuales. Los letrados presentaron denuncias en Comodoro Py por presunto abuso de autoridad, señalando que se le había negado reiteradamente el acceso a su equipo de defensores.
Báez, de 69 años, padece EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes y problemas gastrointestinales. Recientemente sufrió un derrame ocular y desde hace semanas registra heces con sangre, según señalaron sus abogados. Además, señalaron que las condiciones de la Unidad N° 15 son inadecuadas: comparte un solo baño con 20 presos y en varias ocasiones se vio obligado a utilizar botellas debido a la espera para acceder al sanitario.
En septiembre pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ya había rechazado un pedido de prisión domiciliaria, ratificando la resolución del TOF N° 4, que ordena el cumplimiento efectivo de la pena en Río Gallegos.
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