Juicio Maradona: tenso careo entre Cosachov y Forlini por la internación domiciliaria

El juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona sumó este jueves un nuevo capítulo de alta tensión. La psiquiatra Agustina Cosachov y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini protagonizaron un careo ante el tribunal para confrontar versiones contrapuestas sobre la atención médica que recibió el exfutbolista durante su internación domiciliaria.

La audiencia giró en torno a cuatro puntos centrales. El primero estuvo relacionado con el tipo de asistencia solicitada para Maradona. Mientras Cosachov sostuvo que había pedido una internación domiciliaria completa desde el 4 de noviembre de 2020, Forlini aseguró que esa documentación nunca llegó a su área y que únicamente recibió el pedido de acompañamiento terapéutico y enfermería permanente.

Otro de los ejes de discusión fue la presencia de profesionales médicos durante la recuperación del exastro. Cosachov afirmó que se había insistido en la necesidad de contar con un médico clínico y un neurólogo, mientras que Forlini sostuvo que entendía que el equipo encabezado por el neurocirujano Leopoldo Luque se haría cargo del seguimiento clínico.

La tensión aumentó cuando ambas debatieron sobre la provisión de equipamiento y ambulancias. Cosachov remarcó que esos recursos figuraban dentro de la orden de internación, pero Forlini respondió que nunca recibió una solicitud formal en ese sentido. El intercambio derivó en momentos de gritos entre las partes antes de que concluyera el careo.

En paralelo, declaró como testigo el abogado y amigo de Maradona, Víctor Stinfale. Durante su exposición recordó las discusiones previas a la operación por el hematoma subdural y cuestionó el manejo posterior de la salud del exfutbolista. Además, consideró que “se hicieron muy mal las cosas” en los días previos a su fallecimiento y señaló que, ante determinados síntomas, debió haberse evaluado una nueva internación.

El proceso judicial continuará con nuevas declaraciones testimoniales y la incorporación de pruebas destinadas a esclarecer las responsabilidades de los siete imputados, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé penas de entre ocho y veinticinco años de prisión.