El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito a Claudio Tapia REUTERS/Agustin Marcarian
El juez federal Ariel Lijo pidió informes a Suiza sobre transferencias al titular de la AFA y ordenó requerir documentación al sindicato de Camioneros y a la entidad del fútbol argentino. La causa analiza su situación patrimonial por su desempeño como funcionario del CEAMSE.
El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entre ellas, dispuso enviar un exhorto a Suiza para que la FIFA informe sobre pagos realizados al dirigente por más de 189.000 dólares entre 2018 y 2020.
La investigación se originó en el desempeño de Tapia como funcionario del CEAMSE. Según fuentes judiciales citadas por Infobae, el magistrado hizo lugar a medidas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita para avanzar en el análisis de sus ingresos y movimientos financieros.
El requerimiento a la FIFA apunta a determinar los motivos de las transferencias y obtener detalles sobre honorarios, viáticos y cargos que Tapia habría desempeñado desde 2016.
En el marco de la investigación, Lijo también solicitó al Sindicato de Choferes de Camiones que explique 37 acreditaciones realizadas en una cuenta bancaria de Tapia entre 2016 y 2019, por un monto total informado de $1,49 millones.
Además, pidió documentación sobre su legajo laboral, las funciones que desempeñó y los recibos correspondientes. El juez también dispuso levantar el secreto fiscal de Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del sindicalista Pablo Moyano.
Por otra parte, la AFA deberá aportar información sobre las tarjetas corporativas emitidas a nombre del dirigente y los gastos realizados con ellas. La Justicia busca establecer si esos consumos fueron considerados parte de su remuneración.
El requerimiento incluye detalles sobre transferencias a sus cuentas bancarias y la liquidación de $30 millones en concepto de viáticos declarados.
Las medidas buscan reunir información para determinar el origen y la naturaleza de los ingresos y gastos de Tapia. La investigación se encuentra en etapa de producción de pruebas y las sospechas bajo análisis no constituyen, por sí mismas, una declaración de responsabilidad penal.
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