La investigación está a cargo del fiscal Álvaro Garganta y se inició a partir de las denuncias de cuatro mujeres detenidas. Entre los arrestados se encuentra una jefa penitenciaria señalada como una de las principales responsables de los hechos.
La Policía Federal detuvo a 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense acusados de haber participado en un episodio de torturas, vejaciones y abusos sexuales contra cuatro mujeres alojadas en la Unidad N.º 51 de Magdalena. Los hechos investigados ocurrieron a comienzos de junio y fueron denunciados por la Comisión Provincial por la Memoria.
La causa está a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien consideró consistentes y creíbles los testimonios de las víctimas. A partir de esas declaraciones y de distintas pericias realizadas durante la investigación, el funcionario judicial solicitó la detención de los sospechosos y una serie de allanamientos.
Entre los detenidos se encuentra Daiana Belén Balmaceda, quien se desempeñaba como jefa de Vigilancia y Tratamiento de la unidad penitenciaria. De acuerdo con la imputación fiscal, habría tenido un rol central durante el operativo que derivó en las agresiones y estaría acusada de ser coautora de una violación y partícipe necesaria en otro abuso.
Un operativo que terminó bajo investigación
El episodio que desencadenó la investigación se produjo durante la noche del 3 de junio, luego de una pelea dentro de una de las celdas del establecimiento. Según la denuncia, un grupo de penitenciarios ingresó al sector y utilizó gas lacrimógeno contra las detenidas para luego reducirlas violentamente.
Los testimonios incorporados a la causa describen golpes, amenazas, humillaciones y distintos actos de violencia sexual. Una de las detenidas habría sido obligada a besar las botas de una agente penitenciaria y posteriormente sufrió nuevas agresiones.
Las pericias realizadas sobre las víctimas también detectaron lesiones compatibles con las golpizas denunciadas. Dos días después del episodio, una de las mujeres intentó quitarse la vida.
La investigación alcanza además a otras siete penitenciarias, entre ellas la subjefa de la unidad, personal de requisa y trabajadores del área de Sanidad. Una enfermera está acusada de haber falseado un acta con el objetivo de ocultar lesiones sufridas por una de las víctimas.
La investigación y los allanamientos
A partir de la denuncia, el Ministerio de Justicia bonaerense dispuso la disponibilidad preventiva de los agentes involucrados y removió a las autoridades de la Unidad N.º 51 para facilitar el avance de la investigación.
Con una resolución de 146 páginas, el fiscal Garganta ordenó avanzar con las detenciones y los allanamientos de los domicilios de los acusados. El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal.
La causa investiga delitos de extrema gravedad, entre ellos tortura y abuso sexual con acceso carnal, agravados por la condición de funcionarios públicos de algunos de los acusados. La Justicia deberá ahora determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos y reconstruir con precisión lo ocurrido aquella noche dentro del penal de Magdalena.
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