Entre Ríos: desbarataron un complot para asesinar a un ministro, un juez y un fiscal

Un presunto complot para asesinar a altas autoridades de Entre Ríos fue desbaratado tras la declaración de un interno que reveló la existencia de un plan gestado desde el interior de una cárcel provincial. La maniobra incluía la contratación de un sicario extranjero y el pago de importantes sumas de dinero por cada uno de los objetivos señalados.

La investigación apunta a que la organización del atentado se realizó desde la Unidad Penal Nº 9 de Diamante. Según trascendió, el presunto autor intelectual sería Leonardo Airaldi, un detenido con causas por narcotráfico, quien habría coordinado las acciones desde su lugar de reclusión.

Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de Entre Ríos

De acuerdo con fuentes oficiales, entre los objetivos figuraban el fiscal Ignacio Candioti, el juez Leandro Ríos y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

El testimonio que permitió avanzar en la causa señaló que el fiscal y el magistrado habrían sido apuntados por su intervención en expedientes por narcotráfico que comprometen al presunto organizador. En tanto, el ministro provincial también aparecía en la lista de blancos.

Cómo se habría planificado el atentado

Según la declaración del informante, el plan contemplaba la contratación de un sicario uruguayo por una suma cercana a los 40.000 dólares para ejecutar a Candioti y Ríos durante sus vacaciones en Punta del Este.

En el caso del ministro Roncaglia, el ataque iba a concretarse en territorio argentino, cuando se desplazara en moto hacia una quinta ubicada en las afueras de Paraná. Por ese objetivo, el monto ofrecido habría sido mayor.

La confesión incluyó detalles sobre la logística: el uso de dos vehículos —uno para los atacantes y otro para trasladar un recipiente con cal destinado a eliminar rastros del crimen—, lo que evidenció el grado de planificación del supuesto complot.

Allanamiento y avance de la causa

Tras la denuncia del interno, el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, solicitó al juez Hernán Viri la orden de allanamiento en la unidad penitenciaria.

El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional con apoyo del Servicio Penitenciario provincial. Durante la requisa se secuestraron teléfonos celulares, documentación, anotaciones y estupefacientes.

La causa quedó radicada en la Justicia Federal de Gualeguaychú y continúa en etapa investigativa. En paralelo, se dispuso un esquema especial de custodia para los funcionarios y sus familias, ante la gravedad de los hechos denunciados.

El caso generó fuerte conmoción en el ámbito judicial y político entrerriano, mientras se profundizan las medidas para determinar el alcance real del plan y las eventuales responsabilidades penales.