Cristobal López y De Sousa están nuevamente en prisión

Cristóbal López y Fabián de Sousa ya están en prisión. Según pudo saber LA NACION, fueron ingresados pasada la medianoche a los penales de Ezeiza y Marcos Paz respectivamente.

La detención de los acusados fue ordenada ayer por los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, de la sala I de la Cámara de Casación, con la disidencia de su colega Ana María Figueroa. López se entregó y fue conducido con su abogado, Carlos Beraldi, en un auto de la Gendarmería Nacional al edificio Centinela, en Retiro. Pasada la medianoche, fue enviado al penal de Ezeiza, en donde ya estuvo durante el mes de diciembre.

Está acusado de evadir $8000 millones en el impuesto a los combustibles. Los jueces también dispusieron elevar el monto de los embargos a 17.042 millones de pesos.

En su voto, el juez Hornos consideró que se trata de «graves hechos de corrupción» vinculados con la delincuencia económica. Señaló que se trata de una «amenaza que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley».

La cárcel
Tanto López como de Sousa estarán alojados bajo el sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC), el mismo régimen que siguen, por ejemplo, Lázaro Báez , José López y Ricardo Jaime en la cárcel de Ezeiza.

La normativa penitenciaria considera internos admisibles bajo este sistema a «aquellos que reúnan dos o más de las siguientes características»:

Alto poder económico o adquisitivo
Vinculación destacada con grupos de criminalidad organizada nacional o trasnacional
Internos procesados o condenados por delitos de corrupción, de criminalidad económica o de crimen organizado y crimen organizado trasnacional (lavado de activos, cohecho, tráfico de influencia, entre otros)
Capacidad fundada de influir o infiltrarse en las altas esferas gubernamentales o de poder político
Capacidad de corromper o de influir, a través de dinero o recurso a la intimidación o violencia, en el desempeño del personal
Personas privadas de su libertad que fueran funcionarios públicos al momento de su detención o que lo hayan sido con anterioridad, siempre que hayan tenido acceso a altos niveles de gobierno.