Crimen del docente chofer: investigan si las deudas del policía detenido fueron el móvil

El asesinato de Cristian Eduardo Pereyra, un docente que complementaba sus ingresos como chofer de una aplicación de viajes, conmociona a la localidad de Virrey del Pino. Por el hecho fue detenido Matías Alejandro Vizgarra, un joven oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien será indagado por el fiscal Adrián Arribas mientras avanza la investigación.

Pereyra tenía 39 años, trabajaba como docente en la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y era padre de una niña. Para aumentar sus ingresos manejaba un Chevrolet Corsa II a través de una aplicación de transporte.

Según la reconstrucción inicial, el viaje que derivó en el crimen fue solicitado alrededor de las 3.45 de la madrugada del domingo. En la lista de pasajeros figuraba el nombre de Vizgarra, quien vive a pocas cuadras de la víctima. Durante el trayecto se produjo un asalto y el conductor recibió cuatro disparos en el tronco y los brazos.

El docente fue encontrado gravemente herido sobre la Autopista Presidente Perón, a la altura de la Ruta Nacional 3, y alcanzó a relatar que había sido víctima de un robo. Sin embargo, falleció poco después de ser trasladado para recibir asistencia médica.

Mientras tanto, el vehículo fue hallado abandonado en Ciudad Evita, a unas pocas cuadras de la base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), donde presta servicio el acusado. El auto presentaba un orificio compatible con el impacto de una bala.

En paralelo, los investigadores analizan la situación financiera del sospechoso. De acuerdo con registros crediticios, Vizgarra habría acumulado en el último tiempo deudas superiores a 1,7 millones de pesos, correspondientes a préstamos otorgados por el Banco Provincia, billeteras virtuales y empresas de microcréditos. A ello se sumarían otros 190 mil pesos con otra firma financiera, montos que superarían ampliamente su salario.

En el marco de la causa también se secuestró su arma reglamentaria, una pistola Bersa calibre 9 milímetros, que tenía 13 balas en el cargador, por lo que el efectivo deberá explicar el faltante de una munición.

Además, se realizaron pruebas de dermotest en sus manos para determinar si efectuó disparos recientemente y se incautó su teléfono celular para peritajes.

La fiscalía intenta establecer ahora si el policía actuó solo o si participaron otras personas en el asalto que terminó con la muerte del docente. Mientras tanto, el caso sigue generando conmoción en la comunidad, que recuerda a Pereyra como un trabajador comprometido con su escuela y su barrio.