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Río de Janeiro: una operación sin precedentes deja al menos 64 muertos

Río de Janeiro volvió a despertar bajo fuego. Desde la madrugada del martes, helicópteros, blindados y drones de la policía tomaron por asalto los complejos de Alemão y Penha, en el norte de la ciudad, en una ofensiva masiva contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Al cierre del día, el saldo era estremecedor: 64 muertos —entre ellos cuatro agentes— y más de 80 detenidos.

La operación comenzó antes del amanecer, con bloqueos en autopistas, cierres de avenidas y sobrevuelos nocturnos que anticipaban la magnitud del despliegue. A las 4 de la mañana, unos 2.500 agentes avanzaban por las callejuelas de las favelas, apoyados por helicópteros de ataque, drones y vehículos blindados que abrían paso entre barricadas y neumáticos incendiados.

El objetivo: “Doca”, uno de los capos más buscados de Brasil

El operativo tenía un nombre propio: Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, señalado por la Fiscalía como jefe regional del Comando Vermelho en el conjunto de Penha. Nacido en Paraíba en 1970, acumula más de 100 causas judiciales por homicidio, narcotráfico, tortura y asociación criminal. Las autoridades ofrecen una recompensa de 100.000 reales (unos 17.500 dólares) por información que lleve a su captura.

Según la Fiscalía, Doca coordina la logística del narcotráfico en Vila Cruzeiro y Morro do São Simão, y estaría detrás de ataques recientes contra comisarías. Su figura simboliza la mutación del crimen organizado en Río, con grupos que operan con tácticas casi paramilitares y una estructura económica que combina drogas, extorsión y lavado de dinero.

“Una guerra urbana”: la política de seguridad de Cláudio Castro

El gobernador Cláudio Castro defendió la ofensiva y la calificó de “guerra contra el crimen organizado”, señalando que Río libra sola esta batalla, sin apoyo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, su estrategia también acumula críticas: de las cuatro operaciones más letales en la historia reciente de la ciudad, tres ocurrieron bajo su gestión.

“El gobernador Castro ha sido particularmente duro con el Comando Vermelho, aunque no aplica la misma fuerza en zonas dominadas por milicias”, explica Chris Dalby, director del observatorio World of Crime. “Durante años, Doca fue el arquitecto de la expansión violenta del grupo, incluso hacia otros estados. Es uno de los criminales más poderosos de Río”, señaló a Infobae.

Un hombre es detenido por agentes de policía durante una operación policial contra el tráfico de drogas en la favela do Penha, en Río de Janeiro, Brasil. 28 de octubre de 2025. REUTERS/Aline Massuca

Dalby advierte que el grupo exhibe una capacidad cuasi insurgente: “Controlan servicios, cobran impuestos y gobiernan territorios donde el Estado no entra. El desafío ya no es solo criminal, sino de gobernabilidad”.

El norte carioca vivió escenas propias de un conflicto armado. Las explosiones, los disparos y el humo dominaron el paisaje urbano durante horas. Más de 200.000 personas quedaron afectadas por cortes de transporte, luz y agua. Las clases fueron suspendidas en 45 escuelas y doce líneas de colectivos debieron modificar su recorrido. Comercios cerrados, calles vacías y miedo fueron la constante del día.

Críticas por violaciones a los derechos humanos

Organizaciones civiles y observatorios internacionales cuestionaron la alta letalidad policial y la falta de control judicial sobre los operativos. Human Rights Watch advirtió que un proyecto de ley en Río podría premiar económicamente a policías que disparen a sospechosos, lo que “crea un incentivo financiero para matar en lugar de detener”.

Investigaciones previas ya habían documentado ejecuciones extrajudiciales y manipulación de escenas del crimen. Solo en 2024, casi 700 personas murieron en intervenciones policiales en Río, un promedio de dos por día. Con esta nueva redada, la cifra se dispara.

Un problema estructural

El Comando Vermelho, fundado en 1979 en una cárcel carioca, se expandió hasta convertirse en una red criminal nacional. Su poder no depende solo de las armas o las drogas, sino del control territorial y la ausencia estatal en vastas zonas del país. Cada operativo que busca desmantelarlo reabre el dilema entre seguridad y derechos humanos, una frontera cada vez más borrosa.

Por ahora, el gobierno celebra las incautaciones —42 fusiles de alto calibre y 81 detenidos—, pero el balance humano y político sigue abierto. Lo que ocurra en las próximas horas determinará si esta fue una victoria o una nueva vuelta del ciclo de violencia que asfixia a Río.

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