La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles globales impulsados por el presidente Donald Trump, en un fallo dividido que representa un fuerte revés para su agenda económica. La decisión se adoptó por seis votos contra tres y se enfocó en los gravámenes “recíprocos” aplicados a casi todos los países bajo una ley de poderes de emergencia.
El máximo tribunal concluyó que la Constitución otorga de manera clara al Congreso —y no al Poder Ejecutivo— la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles. “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del tribunal, John Roberts, en la opinión mayoritaria.
Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en disidencia. Kavanaugh sostuvo que, más allá del debate político sobre la conveniencia de la medida, el esquema arancelario era legal a la luz del texto y los precedentes vigentes.
El eje del conflicto
La administración Trump había invocado una ley de 1977 que habilita al presidente a regular importaciones en situaciones de emergencia nacional. Si bien esa normativa fue utilizada en numerosas ocasiones por otros mandatarios —principalmente para imponer sanciones—, Trump fue el primero en emplearla como fundamento para establecer aranceles generalizados.
En abril de 2025, el presidente impuso aranceles “recíprocos” a la mayoría de los países con el argumento de enfrentar déficits comerciales que calificó como emergencia nacional. Previamente, también había aplicado gravámenes a Canadá, China y México, vinculándolos a la lucha contra el narcotráfico.
La decisión judicial no impide que el Ejecutivo recurra a otras leyes para fijar aranceles, aunque esas herramientas contemplan límites más estrictos en cuanto a alcance y procedimiento.
Impacto político y económico
El caso marca el primer gran revés judicial directo sobre un eje central de la agenda de Trump ante un tribunal que él mismo contribuyó a moldear con la designación de tres magistrados conservadores durante su primer mandato.
El impacto económico estimado de los aranceles ronda los 3 billones de dólares en la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Además, el Departamento del Tesoro había recaudado más de 133.000 millones de dólares en concepto de impuestos a las importaciones bajo esta normativa, de acuerdo con datos federales de diciembre.
Tras el fallo, varios estados —en su mayoría gobernados por demócratas— y empresas afectadas, desde pequeñas compañías hasta grandes cadenas minoristas, avanzan con demandas para reclamar reembolsos por los montos abonados.
La resolución también se produce en un contexto en el que el mandatario había acumulado victorias en la denominada “lista de emergencias” del tribunal, que le permitió sostener decisiones ejecutivas en áreas sensibles como despidos en la administración pública y recortes presupuestarios.
Con este fallo, la Corte reafirma el principio de división de poderes en materia tributaria y reabre el debate sobre los límites del poder presidencial en política comercial.
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