Críticas al incremento tarifario de la Revisión Técnica Obligatoria en Jujuy

Se propone llevar el costo de 900 a 1300 pesos, sin que el municipio establezca con precisión un rol de contralor para que se cumpla la normativa vial y asegure que los rodados que transitan las calles de San Salvador de Jujuy estén en condiciones de hacerlo.

“Este es un incremento que va de la mano de la inflación que no puede ser controlada por este gobierno, pero vemos en este caso en particular que el aumento se aplica a todos los usuarios que lleven sus vehículos a realizar la RTO, pero, al mismo tiempo, observamos que la comuna capitalina no toma participación ni siquiera en futuros controles por esa tasa que van a pagar los ciudadanos”, apuntó.

Si bien el instrumento legal hace mención a que la última actualización de precios se efectuó en mayo del año pasado, Domínguez dejó en claro que esta situación deviene de la crisis económica generada por un gobierno que aplica políticas que impactan en el consumo y en las tarifas de los servicios públicos. “Es sabido que muchas empresas han tenido aumentos siderales en sus costos y cargan con una pesada carga tributaria, provocando que sus bienes y servicios se incrementen considerablemente”, apuntó.

En esa misma línea dijo que el pedido es razonable atendiendo todas las variables económicas que se muestran en rojo, pero consideró “en estas cuestiones es necesario que el Estado municipal garantice una contraprestación por la tasa que se le cobra al usuario, es decir que ejerza su poder de control para asegurar que los vehículos del parque automotor capitalino se encuentran en condiciones de circular por nuestras calles”.

Otro tema que advirtió fue la privatización que hará el municipio de su sistema de recaudación del impuesto del agua potable, a partir de un acuerdo suscripto entre la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y Agua Potable y Saneamiento de Jujuy. A través del mismo se estipula que el organismo provincial se convertirá en el agente de retención de los importes resultantes por la aplicación de los gravámenes municipales en la boleta del servicio, que llega a los domicilios residenciales conjuntamente con la de energía eléctrica.

“Esto es una privatización de la recaudación del dinero que le corresponde a la comuna, porque el organismo del agua se quedará con un porcentaje por la tarea de retención de esos recursos. Esta medida muestra a las claras la inoperancia de la actual gestión municipal para administrar los bienes del municipio”, enfatizó.-