La Cámara Contencioso Administrativo Federal volvió a poner en el centro del debate el financiamiento de la educación superior al ratificar una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir de inmediato con la ley vigente. El fallo no solo desestimó la apelación del Poder Ejecutivo, sino que además cuestionó con dureza sus argumentos, a los que calificó como “poco serios”.
El tribunal confirmó la resolución de primera instancia que ordena aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente. En concreto, exige avanzar sin demoras en el cumplimiento de los artículos 5 y 6, vinculados a:
La actualización de salarios de docentes y no docentes universitarios.
La recomposición de programas de becas estudiantiles.
La medida alcanza el período comprendido entre diciembre de 2023 y la sanción de la norma, en septiembre de 2025.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán rechazaron uno de los principales planteos del Estado, que sostenía que la cautelar equivalía a una sentencia definitiva encubierta. Para la Cámara, ese argumento carece de sustento.
Uno de los puntos clave del fallo es la evaluación del impacto económico. Según el tribunal, la aplicación de la medida tiene un costo fiscal bajo y no compromete de manera significativa el interés público.
Por el contrario, los magistrados remarcaron que lo que está en juego es un derecho central garantizado por la Constitución: el acceso a la educación superior pública.
La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 por el juez federal Enrique Cormick, tras una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a más de 40 universidades públicas.
En esa instancia, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 —que suspendía la aplicación de la ley— presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”, además de evidenciar el incumplimiento de un deber jurídico concreto por parte del Estado.
La postura del Gobierno
Desde el Ejecutivo se había argumentado que la ley no puede implementarse sin definir previamente sus fuentes de financiamiento ni incorporarlas al Presupuesto nacional. También se advirtió sobre posibles efectos negativos en el equilibrio fiscal.
Sin embargo, estos planteos fueron descartados por la Cámara, que entendió que no justifican la falta de cumplimiento de una norma ya vigente.
Un conflicto que sigue abierto
El fallo se inscribe en un escenario de alta tensión entre el Gobierno y el sistema universitario, que tuvo su punto más álgido entre 2024 y 2025 con masivas movilizaciones en todo el país.
Las protestas, encabezadas por estudiantes, docentes y gremios, rechazaron el veto presidencial a la ley de financiamiento y reclamaron garantías para el sostenimiento del sistema público.
Mientras tanto, la estrategia oficial apunta a impulsar una nueva ley que reformule el esquema actual y logre consenso en el Congreso, con el objetivo de dar una salida política y jurídica al conflicto.
Claves del fallo:
La Justicia ordena aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario.
Rechaza la apelación del Gobierno y cuestiona sus argumentos.
Considera bajo el impacto fiscal de la medida.
Prioriza el derecho constitucional a la educación superior.
El escenario sigue abierto, pero la decisión judicial marca un nuevo capítulo en la disputa por el financiamiento de las universidades públicas en Argentina.
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