YPF: una jueza de EE.UU. ordenó transferir el 51% de las acciones a demandantes

La justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de la Argentina en la causa por la expropiación de YPF. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los beneficiarios del juicio, encabezados por el fondo Burford Capital.

La decisión judicial es una derivación del fallo principal dictado en septiembre de 2023, que condenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares. En este nuevo capítulo, Preska hizo lugar a un pedido de ejecución de sentencia, ordenando a la Argentina a que transfiera las acciones de la clase D de YPF al Bank of New York Mellon (BNYM) dentro de un plazo de 14 días, como paso previo a la entrega definitiva a los demandantes.

Según argumentó la magistrada, el Estado nacional ha mantenido el control real de la compañía desde la intervención de 2012, lo que refuerza la postura de que esas acciones pueden ser utilizadas para compensar la deuda impuesta por el tribunal. En el fallo se destaca que la Argentina vota sistemáticamente en asambleas para aprobar iniciativas clave del directorio de YPF, reafirmando su posición de dominio.

La resolución todavía puede ser apelada y, en caso de hacerlo, la Argentina podría solicitar la suspensión de la medida hasta que intervenga la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. En este punto, se recuerda que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos se había pronunciado en contra de este tipo de embargos, señalando que podrían violar la Foreign Sovereign Immunities Act, la legislación que protege a los Estados soberanos en el extranjero.

La causa se originó a partir de la compra, por parte de Burford Capital, de los derechos de litigar en nombre de Petersen Energía y Eton Park, antiguos accionistas de YPF al momento de la expropiación. Desde entonces, la Argentina ha acumulado reveses judiciales en el foro neoyorquino, en medio de una disputa que ahora vuelve a generar tensión legal, económica y diplomática.

El Gobierno argentino aún no se pronunció oficialmente sobre la nueva orden, aunque se prevé que continuará la estrategia de apelación para evitar la pérdida del paquete accionario mayoritario de su empresa energética más emblemática.