Vence el congelamiento de los alquileres y el Gobierno estudia nuevas alternativas

A fines de marzo y a través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno congeló los precios de los alquileres, prorrogó los contratos y dispuso la suspensión de los desalojos hasta el 30 de septiembre de este año.

Cerca del vencimiento de esa medida, las organizaciones que agrupan a los inquilinos reclaman su extensión hasta marzo del año que viene.

Desde el Gobierno están analizando el tema, ya sea una extensión del decreto o también un plan de créditos o subsidios para los inquilinos que les permita saldar sus deudas con los propietarios.

“Se está estudiando y trabajando en el tema, no solo desde nuestro ministerio. Es un trabajo conjunto que se evalúa con varios organismos”, señalaron desde el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. “La continuidad depende de la evolución de las problemáticas sanitarias y económicas. El DNU busca proteger los inquilinos tanto de vivienda como de los sectores productivos vinculados al comercio y las pymes. Entendemos que es el momento de interpretar al alquiler como una política de vivienda”, agregaron.

Hace dos semanas, la Federación de Inquilinos, que agrupa a inquilinos de distintas provincias, envió una carta a la ministra María Eugenia Bielsa donde expresaban su preocupación por la proximidad de la fecha de vencimiento de las medidas del decreto 320/20.

En un reciente relevamiento nacional realizado desde la Federación de Inquilinos Nacional se estimó que aproximadamente un millón de familias están en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas.

Los datos de la encuesta, realizada entre 3.000 inquilinos, mostraron que el 30% de los inquilinos no podía pagar el alquiler del mes de agosto y la mitad acumula deudas de dos meses o más de alquiler. “Es fundamental que el Gobierno implemente un plan de desendeudamiento del sector, teniendo en cuenta que no sólo las familias inquilinas están en graves problemas económicos sino también pequeños propietarios que no hay podido cobrar sus alquileres”, destacaron.

La agrupación de inquilinos también presentó un plan a la directora de Anses, Fernanda Raverta, similar al plan de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) pero para ayudar a los inquilinos a saldar las deudas que acumularon durante los meses de vigencia del decreto.

El decreto de congelamiento que vence en septiembre abarca a los contratos de locación de inmuebles destinados a vivienda única pero también habitaciones en pensiones, alquileres destinados a actividades culturales o comunitarias o rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias.

También están incluidos los inmuebles alquilados por monotributistas o profesionales autónomos, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; alquilados por mipymes, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; o alquilados por cooperativas de trabajo o empresas recuperadas inscriptas en el INAES.

Si bien se dispuso el congelamiento de los precios de los contratos de alquiler hasta el 30 de septiembre de 2020, el decreto prevé que la diferencia entre el monto pactado y el que corresponda pagar por el congelamiento deberá ser abonada en tres cuotas, y como máximo seis, mensuales, iguales y consecutivas. La primera de esas cuotas debería pagarse con el alquiler correspondiente a octubre.

El decreto no suspendió el pago de alquileres. Por eso, los que no pagaron durante estos meses acumularon una deuda que deberán saldar a partir de octubre. En ese caso, lo previsto, es que se podrán aplicar intereses compensatorios, pero no podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.

Un relevamiento realizado a comienzos de agosto por el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad (Cucicba) entre sus matriculados mostró que 84,5% de los inquilinos de viviendas de la Ciudad pagó su alquiler en julio. Es un valor similar al de junio, que había arrojado un 85% en el nivel de pago, pero sigue por debajo del 92% que realizó el pago en tiempo y forma en mayo.

Entre los que no pudieron pagar el alquiler de su vivienda, casi un 8% rescindió el contrato durante julio, detallaron desde el colegio. La encuesta abarcó unos 40.000 inmuebles de toda la ciudad, entre viviendas y comercios.

En tanto, según el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, el 95% de los inquilinos particulares bonaerenses está al día con el pago. Un informe detalló que un 3% de las locaciones particulares fracccionó el pago de su alquiler dentro del mismo mes, mientras que un 5% manifestó “severas complicaciones” para cumplir.

Por Ximena Casas