Prat Gay destacó “la confianza de quienes decidieron poner sus ahorros en el sistema financiero argentino”.
“Cerramos una etapa importante del sinceramiento fiscal: los números no son definitivos, porque hay que hacer un chequeo entre la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y los bancos, pero va a estar muy cerca de los u$s 7.000 millones en efectivo”, precisó el ministro, en el marco de la Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) que se celebra en el centro de convenciones de Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires.
Prat Gay indicó que “hasta ayer se presentaron 160.000 declaraciones juradas de argentinos que tenían cosas escondidas, pero no las quieren esconder más y decidieron ponerse a disposición del circuito formal, en regla, y pagar lo que tengan que pagar” de impuestos.
“Se trata de miles de argentinos que tenían su dinero a salvo en una lata, debajo del colchón, o en una caja de seguridad, que decidieron confiar con sus ahorros y ponerlos a disponibilidad del sistema de ahorro argentino”, subrayó el funcionario.
Puso de relieve que la cifra blanqueada “duplica los depósitos en dólares que había a principios del año pasado”, y añadió que “representa el 10% (de las colocaciones en ésa divisa) del sistema financiero”.
“Cumplimos con la primera meta, dentro del objetivo de u$s 20.000 millones de exteriorización de capitales, y todavía nos faltan cuatro meses, lo más críticos”, sostuvo Prat Gay, quien evaluó que “está prendiendo entre los argentinos, la idea de que está mucho mejor formalizarse y estar en regla”.
De los casi u$s 7.000 millones, el Estado se quedará con unos u$s 700 millones, que es el monto equivalente al 10% en concepto de penalización, y el resto del dinero quedará inmovilizado por un año, salvo que se utilice para la compra de bienes registrables.
El anterior plan de blanqueo -llevado adelante durante el gobierno de Cristina Fernández de Kichner y que contemplaba la compra de títulos Baade y Cedin para obra pública o infraestructura y adquisición de inmuebles- obtuvo sólo u$s 2.595 millones durante 28 meses de vigencia.
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