Senadores aliados para negociar el Presupuesto 2026: que piden las provincias

El Gobierno acelera las negociaciones para lograr que el viernes 26 de diciembre el Senado de la Nación Argentina apruebe el Presupuesto 2026 y lo convierta en ley. Con ese objetivo, este domingo a las 18 se inició una reunión virtual entre los jefes de bloques que representan a los 44 senadores aliados, con el fin de definir la estrategia parlamentaria de cara a la próxima sesión.

Según se supo, en el encuentro —del que no estaba confirmada la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo— surgieron planteos vinculados a los reclamos de los gobernadores, que buscan hacer valer su poder de negociación tras lo ocurrido en la Cámara de Diputados.

Allí, el oficialismo intentó sin éxito incorporar un artículo en el capítulo 11 del proyecto para condicionar el voto de los legisladores y avanzar en la derogación de las leyes de financiamiento universitario y discapacidad, junto con designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN). Esa maniobra generó desconfianza en las provincias, que ahora endurecen su postura en el Senado.

Provincias en alerta: “No hay nada en el Presupuesto”

Mientras avanzan las conversaciones, los teléfonos no dejan de sonar en las provincias. “Llaman todo el tiempo, pero no ponen nada en el Presupuesto”, señaló a este medio una fuente cercana a un gobernador que integra el espacio de Provincias Unidas, y advirtió que podrían replicar la estrategia aplicada en Diputados.

“Dimos quórum porque creemos que la Argentina necesita un presupuesto, pero el proyecto no contempla los reclamos provinciales”, explicó el dirigente consultado. Entre los puntos más sensibles aparece la situación de las cajas previsionales, un conflicto que varias jurisdicciones ya llevaron a la Justicia.

El texto enviado por el Ejecutivo establece que la ANSES transferirá $122.762 millones, aunque introduce una restricción clave: solo podrán solicitar anticipos las provincias que tengan un déficit previsional reconocido —provisorio o definitivo— surgido de un acuerdo firmado con el organismo y correspondiente, como mínimo, al ejercicio 2021.

“Si no hay cambios que contemplen a las provincias, lo más probable es que se consiga el quórum y luego nos abstengamos”, anticiparon desde el bloque aliado. No obstante, cualquier modificación implicaría que el proyecto vuelva a Diputados, un escenario que el oficialismo busca evitar.

El interés de Caputo y la deuda

El principal interesado en que el Presupuesto 2026 se convierta en ley es el ministro de Economía, Luis Caputo. Tras dos años de prórrogas del Presupuesto 2023, la aprobación del nuevo esquema sería una señal política hacia los mercados y habilitaría herramientas clave para la gestión de la deuda.

En particular, el proyecto incluye el artículo 56, que faculta al Ministerio de Economía a realizar operaciones de administración de pasivos —como canjes de bonos y otros instrumentos financieros— sin las restricciones establecidas por la Ley de Administración Financiera.

Durante una reciente entrevista, Caputo sostuvo que reemplazar bonos reestructurados por instrumentos “convencionales” permitiría reducir el riesgo país sin modificar variables macroeconómicas de fondo. “Solo cambiando la estructura de los bonos, el riesgo país podría bajar de 590 a 490 puntos”, ejemplificó.

Con vencimientos exigentes de deuda externa previstos para 2026, el Gobierno apuesta a cerrar acuerdos políticos esta semana. La clave, admiten en el oficialismo y en las provincias, estará en qué deja el Zoom de este domingo y si el Ejecutivo está dispuesto —o no— a ceder para garantizar la sanción definitiva.