Tras semanas de negociaciones y más de veinte cambios sobre el texto original, el Senado dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El proyecto ahora se encamina a un debate más ajustado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo anticipa una discusión compleja. La iniciativa busca modernizar el sistema laboral, reducir la litigiosidad y promover la formalización del empleo
.Nuevo esquema de indemnizaciones y creación de un fondo
El corazón del proyecto está en la redefinición de las indemnizaciones por despido. La base de cálculo se limitará a la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como aguinaldo y vacaciones.
Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir los costos de desvinculación. Las empresas deberán aportar mensualmente:
1% del salario para grandes empresas
2,5% para MiPyMEs
Estos porcentajes podrán incrementarse con aval del Congreso. La indemnización será la única reparación por despido sin causa y los créditos laborales se actualizarán por IPC más un 3% anual.
El proyecto habilita el pago en cuotas de sentencias laborales:
Hasta seis cuotas para grandes empresas
Hasta doce para MiPyMEs y empleadores individuales
En materia de antigüedad, si el trabajador vuelve a ser contratado por el mismo empleador luego de más de tres años, el período anterior no se computará.
La reforma introduce nuevas reglas para enfermedades o accidentes no laborales. Si el hecho deriva de una conducta voluntaria y riesgosa, el trabajador cobrará el 50% del salario por hasta tres meses (seis con personas a cargo). Si no hubo conducta riesgosa, el pago será del 75%.
También se refuerza el derecho del empleador a realizar controles y juntas médicas, y se establecen criterios más estrictos para considerar recaídas de enfermedades crónicas.
El registro laboral ante ARCA será suficiente, sin que otras autoridades puedan exigir requisitos adicionales. Los libros laborales deberán conservarse por diez años y podrán llevarse en formato digital con plena validez legal.
Se redefine qué se considera beneficio social no remunerativo —como comedor, guardería, reintegros médicos o capacitación— y se habilitan acuerdos voluntarios de banco de horas.
El proyecto crea dos nuevos regímenes:
Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL), orientado a la capacitación y reconversión.
Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), para promover inversiones productivas, incorporación de tecnología y expansión empresarial.
También se prevé una reducción de cargas sociales para facilitar la contratación y se establece que los convenios de empresa provinciales puedan prevalecer sobre los convenios nacionales.
Las vacaciones deberán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, aunque podrán pactarse fuera de ese período por acuerdo entre las partes. Se permite dividirlas, siempre que cada tramo tenga al menos siete días consecutivos.
En cuanto al banco de horas, las horas extras deberán ser voluntarias, acordadas por escrito y registradas, garantizando el respeto de los descansos mínimos legales.
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