Este lunes, el ministro de Desarrollo Económico y Producción se reuniría con el propietario y el Intendente de Perico para tratar de resolver esta situación.
“No se midió las grandes consecuencias económicas y laborales que esta medida significa para la provincia no solo -dejando 300 familias sin trabajo- sino también poniendo en riesgo el abastecimiento de carne y el impacto que esto va significar en los bolsillos de la población”, dijo Pablo Espinoza, uno de los matarifes afectados, que se reunieron el sábado junto a los empleados en el frigorífico preocupados por sus fuentes laborales.
Al mismo tiempo denunció que “las autoridades saben que ahora no tenemos dónde realizar la faena y con esta medida solo contribuyen a monopolizar la misma en manos de un solo frigorífico lo cual nos perjudica tanto a nosotros como a los ganaderos y a la población en general por lo que esto significa en cuanto a costos y precios” agregando que esta situación “fue advertida al gobierno el año pasado mediante una nota dirigida al gobernador en la cual le solicitamos una reunión pero que lamentablemente no tuvimos respuesta”, afirmó.
En el mismo sentido Alfredo Toro y Oscar Taracaya, otros de los matarifes afectados, adelantaron que “hoy nos estamos reuniendo con los empleados para ver cómo nos organizarnos porque no vamos a permitir que el gobierno cierre nuestra fuente de trabajo ya que consideramos que los argumentos esgrimidos para la clausura no son válidos como para dejar a tanta gente sin trabajo”, se quejaron.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Robles, en dialogo con la prensa explicó que ““se corría un gran riesgo” debido a que “las lagunas de contención de efluentes no tienen protección siendo esto muy peligroso para los chicos que puedan entrar al lugar y caerse”. Agregó “tienen que corregirse muchas cosas, muchos tratamientos y muchos procesos que se hacen. Lo hemos apoyado mucho al empresario y lo vamos a seguir apoyando pero necesitamos que haya una corrección mucho más profunda”, señaló.
En tanto Ficoseco, expresó “esta situación nos preocupa a todos los periqueños porque están en juego muchas fuentes de trabajo razón por la cual le hemos solicitado al Ministro Robles una reunión para este lunes con los propietarios de la empresa donde vamos a participar para que esta situación se encamine a una solución definitiva”, afirmó.
Ante esta situación, el propietario del establecimiento, el Ing. Samid Quintar, dijo no entender la actitud del ministro porque “en los días previos se había apersonado al establecimiento junto a los funcionarios de medio ambiente para inspeccionar el avance de las obras en las lagunas donde se están depositando los efluentes según lo acordado en un convenio” oportunidad en la cual “quedamos en reunirnos la próxima semana para evaluar el desarrollo de las obras”. Y dos días después de forma sorpresiva “mientras me encontraba participando de la apertura de la muestra agrometalmecánica en la escuela agrotécnica -los funcionarios de control productivo y comercial, y de medio ambiente- clausuraban el establecimiento”, relató.
Asimismo denunció que la secretaría de Gestión Ambiental, María Fernanda Yapur, “desde que inició sus funciones, en vez de solucionar, resolver el problema y apoyarnos, como dice la ley de medio ambiente, lo único que ha hecho es perjudicarnos permanentemente. Pide siempre una serie de medidas que son imposibles de cumplir, para que llegado el plazo, diga no han cumplido y si hemos cumplido con algo, dice no es suficiente y pide más medidas”.
En este sentido, dijo “no se puede desconocer y descalificar livianamente el trabajo de investigación que venimos realizando junto a los científicos de las facultades de Ciencias Agrarias y de Química de la UNJU desde hace 17 años donde se hicieron todos los análisis y controles necesarios para un manejo correcto de efluentes y desarrollo de productos orgánicos que contribuyen a una agricultura sustentable en la provincia”.
El cierre temporal por 30 días del frigorífico fue dispuesto por la Dirección Provincial de Control Productivo y Comercial, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción. El Ministerio argumenta que la planta no reúne condiciones ambientales y de seguridad previstas en la normativa, en tanto que el propietario del establecimiento denunció un trato arbitrario y persecución por parte de los funcionarios.