Este ajuste se realizó tras arduas negociaciones con la oposición dialoguista, reduciendo significativamente el número de empresas inicialmente contempladas en la ley.
El proyecto establece un proceso de privatización supervisado por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, junto con la Auditoría General de la Nación. Además, se garantiza que durante este proceso, solo se enajenen los bienes necesarios para cubrir los pasivos de las empresas.
Entre las empresas sujetas a privatización se encuentran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (ENARSA), Radio y Televisión Argentina (RTA), y la firma Intercargo. También se incluyen Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), aunque con condiciones especiales que mantienen el control estatal mayoritario.
Otras empresas como Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Correo Argentino, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE), y Corredores Viales, podrán ser concesionadas.
Estas empresas emplean a casi 79.000 personas y recibieron transferencias del Tesoro por $2 billones en 2023, con previsiones de $2,2 billones para 2024. Cinco de estas empresas registraron déficits financieros significativos en 2023, sumando un total de $851.260 millones, mientras que las otras seis obtuvieron superávit.
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