El presidente Javier Milei dijo en varias oportunidades que en 2026 habrá baja de impuestos, pero el escaso margen fiscal condicionará esa promes
Con un margen fiscal ajustado y en un escenario económico que todavía no termina de despegar, el Gobierno dejó entrever a los empresarios que la reforma tributaria prometida para 2026 no tendrá la profundidad que esperaban. En el sector privado ya descuentan que durante el año no habrá recortes impositivos de impacto y que la prioridad oficial será preservar el equilibrio de las cuentas públicas.
La expectativa inicial de los industriales y comerciantes era que, una vez consolidado el superávit primario, la administración de Javier Milei avanzara en una baja más amplia de impuestos. Tanto el Presidente como el ministro de Economía, Luis Caputo, habían señalado en distintas oportunidades que la reducción tributaria sería uno de los pilares de la nueva etapa económica. Sin embargo, el margen fiscal resultó más estrecho de lo proyectado y el alivio quedó postergado.
Referentes del sector privado confirmaron que, en reuniones celebradas en las últimas semanas de 2025, funcionarios del área económica anticiparon que durante 2026 seguirá vigente una presión tributaria alta en los tres niveles del Estado —Nación, provincias y municipios— y que no habrá espacio para reformas de gran escala.
La movida del Ejecutivo de incorporar un capítulo impositivo dentro del proyecto de reforma laboral obedeció precisamente a ese límite fiscal. Allí se incluyeron medidas acotadas, como:
reducción de algunos impuestos internos,
baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades,
creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI),
constitución del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con el 3% de las contribuciones patronales para cubrir futuras indemnizaciones.
En el dictamen que avanza en el Senado se añadió un artículo clave: Caputo tendrá la potestad de definir si esas rebajas finalmente entrarán en vigencia, según la disponibilidad fiscal.
Mientras en el Congreso continúa el debate, en el mundo empresario ya reconocen que el Gobierno concentrará sus esfuerzos en aprobar el FAL y un esquema de incentivos para la regularización de trabajadores no registrados. Las rebajas impositivas, más ambiciosas, aparecen relegadas para una etapa posterior.
De ampliarse el margen fiscal, el Ejecutivo podría evaluar alivios sectoriales específicos, adelantaron funcionarios a miembros de la Unión Industrial Argentina (UIA). En paralelo, la entidad que preside Martín Rappallini trabaja en una propuesta para permitir que las cargas patronales puedan computarse a cuenta de IVA, iniciativa que presentarán a Caputo en febrero junto con su impacto fiscal.
Los industriales también siguen de cerca la evolución de la actividad, que cerró 2025 con señales de enfriamiento, y alertan por los costos internos que afectan la competitividad frente a las importaciones. “Si no hay posibilidad de bajar impuestos, por lo menos habría que limitar la entrada de productos del exterior”, señaló un dirigente fabril.
Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), presidida por Mario Grinman, insistieron en que la presión tributaria en Argentina sigue siendo elevada pese a la eliminación o reducción de algunos gravámenes durante el último año. Advirtieron que las subas de impuestos provinciales y municipales neutralizan buena parte del esfuerzo fiscal nacional, y reclamaron mayor coordinación entre jurisdicciones.
El agro, por su parte, reclama avanzar en competitividad a partir de una reducción de retenciones y costos internos. Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, volvió a pedir la eliminación de los derechos de exportación y destacó la importancia de mejorar infraestructura productiva para sostener la recuperación del sector.
En la construcción también prima la cautela. Gustavo Weiss, de Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), sostuvo que la reforma laboral puede aportar dinamismo, pero que no tendrá impacto sin crecimiento económico. Sobre el plano tributario, remarcó que el grueso de la recaudación lo administran las provincias y que será difícil que acepten resignar recursos.
La visión coincide entre especialistas tributarios. El exsecretario de Hacienda Andrés Edelstein recordó que impuestos distorsivos como retenciones o el gravamen a débitos y créditos bancarios representan más del 2,5% del PBI, mientras que el superávit primario esperado para 2026 es de apenas 1,5%. “No hay margen para grandes rebajas sin afectar el equilibrio fiscal”, explicó.
Nadin Argañaraz, del Iaraf, agregó que la reciente aprobación de leyes que implican medio punto del PBI —como Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad— reduce aún más el espacio para concesiones fiscales. “En estas condiciones, el margen para bajar impuestos de forma significativa es prácticamente nulo”, evaluó.
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