La reducción de la pobreza que se había observado durante 2025 se interrumpió en el comienzo de 2026. De acuerdo con un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), el índice de pobreza alcanzó el 30% en el primer trimestre del año, mientras que la indigencia trepó al 6,5%.
Las estimaciones, elaboradas sobre la base de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, muestran un incremento de 0,1 puntos porcentuales en la pobreza y de 0,4 puntos en la indigencia respecto del último trimestre de 2025. Si bien la comparación interanual continúa siendo favorable —ya que un año antes la pobreza era del 31,4% y la indigencia del 6,9%—, el trabajo advierte un cambio en la tendencia descendente que se había consolidado desde fines de 2024.
Entre los aglomerados urbanos con mayores niveles de pobreza se ubicaron Concordia (52,5%), Gran Resistencia (49,7%), Posadas (42,6%), Gran Santa Fe (39,7%) y Corrientes (38,4%). En cuanto a la indigencia, los porcentajes más elevados se registraron en Gran Resistencia (24,3%), Concordia (11,2%), Posadas (10,7%), Gran Santa Fe (10,4%) y Corrientes (9,1%).
El estudio también estima que alrededor de 1,8 millones de personas se incorporaron a la situación de pobreza entre el tercer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, una comparación que evita el impacto estacional del pago del aguinaldo.
Desde el ODSA señalaron que el deterioro responde a una combinación de factores económicos y sociales. Entre ellos, destacaron que el aumento de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total superó el crecimiento de los salarios durante el primer trimestre, lo que redujo el poder adquisitivo de los hogares y dificultó que muchas familias lograran superar la línea de pobreza.
A esto se sumó un mercado laboral con mayor precarización. Aunque las tasas generales de empleo y desocupación permanecieron relativamente estables, crecieron tanto la subocupación como la informalidad, que alcanzó al 44,2% de los trabajadores.
El informe también remarca que la recuperación de los ingresos no benefició por igual a toda la población. Si bien los ingresos nominales crecieron por encima de las canastas en la comparación interanual, la distribución empeoró, reflejada en un aumento del coeficiente de Gini, indicador que mide la desigualdad.
Otro de los factores señalados fue la desaceleración de la actividad económica. El crecimiento del Producto Bruto Interno perdió impulso y algunos sectores con alta generación de empleo, como la industria, el comercio y la construcción, continuaron mostrando retrocesos.
Además, el ODSA sostuvo que las transferencias sociales perdieron capacidad de protección debido al rezago en la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones frente a una inflación que volvió a acelerarse. A ello se agregó el mayor peso de los gastos fijos de los hogares, impulsados por las subas en tarifas de servicios públicos, transporte y alquileres.
El informe concluye que una reducción sostenida de la pobreza dependerá de que el crecimiento económico se traduzca en empleo formal, mejores salarios y una recuperación más equilibrada de los ingresos, un escenario que, por el momento, todavía no se observa en el corto plazo.
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