En línea con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno nacional evalúa impulsar una reforma previsional en un contexto marcado por la fragilidad del sistema y la necesidad de garantizar su sostenibilidad financiera a largo plazo. Un informe oficial recientemente presentado detalla los principales desafíos y opciones vigentes para quienes aspiran a jubilarse, tras la finalización de la moratoria el pasado 23 de marzo.
El diagnóstico técnico incluye un análisis demográfico, financiero y laboral, y destaca que la reforma no es inminente, pero forma parte del acuerdo con el FMI, que fija diciembre de 2026 como plazo para implementar cambios estructurales.
Condicionantes del sistema
Uno de los factores clave es el alto índice de informalidad: según datos del INDEC, al cuarto trimestre de 2024 el 42% de los trabajadores ocupados no contaba con aportes formales, una problemática que afecta especialmente a mujeres y jóvenes menores de 29 años.
“El sistema previsional no puede reformarse sin antes abordar la informalidad laboral. Tenemos que corregir los desequilibrios heredados”, sostuvo el presidente Javier Milei. En ese sentido, el mandatario remarcó que el 40% de la fuerza laboral se encuentra fuera del sistema formal, lo cual limita la capacidad contributiva del régimen previsional.
La titular del FMI, Kristalina Georgieva, expresó que la sostenibilidad fiscal debe sostenerse mediante disciplina en el gasto y reformas bien diseñadas en los sistemas tributario, de coparticipación y de pensiones, sin afectar la asistencia social prioritaria ni la inversión en infraestructura.
Fin de la moratoria y opciones vigentes
En 2024, unas 313.950 personas accedieron a la jubilación mediante la moratoria, de un total de 427.505 casos. Desde la implementación del Plan de Pago de Deuda Previsional, más de 580.000 personas lograron jubilarse, el 62% de ellas mujeres. Sin embargo, el Gobierno decidió no renovar este mecanismo.
“El fin de la moratoria debe entenderse dentro de una revisión estructural más amplia del sistema de seguridad social”, explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su reciente informe de gestión ante el Congreso.
Pese a esta decisión, continúa vigente la posibilidad de regularizar aportes para personas que están a menos de diez años de la edad jubilatoria. En tanto, quienes hayan cumplido 65 años y no reúnan los 30 años de aportes pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que actualmente alcanza a más de 203.000 personas.
Envejecimiento poblacional y baja natalidad
Otro factor que compromete el equilibrio del sistema es el cambio demográfico. La tasa de natalidad continúa en descenso: en 2023 se registraron 460.902 nacimientos, una caída de 315.000 respecto al pico de 2014. El promedio de hijos por mujer pasó de 2,4 a 1,4 en ese mismo período.
Próximos pasos
Desde el Ministerio de Economía aclararon que aún no hay definiciones concretas sobre las características que tendría una eventual reforma previsional. Las medidas que circularon en las últimas semanas son, hasta ahora, solo versiones.
“El trabajo técnico es clave para comprender la situación actual. Cualquier ajuste debe basarse en un análisis riguroso que respete los principios del sistema y la necesidad de equilibrio fiscal”, concluye el informe oficial.
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