A pesar de dos advertencias recientes de la Corte Suprema, continúa la falta de un criterio unificado para actualizar las indemnizaciones por despido, lo que genera fallos con cifras exorbitantes y efectos negativos en el empleo formal, especialmente en las pymes.
El problema de fondo
No existe un mecanismo único para actualizar las indemnizaciones laborales en juicios prolongados.
Las 10 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo utilizan al menos seis fórmulas diferentes: IPC + 3%, IPC + 6%, RIPTE + IPC, CER + 6%, entre otras.
El resultado es una disparidad jurídica que multiplica las cifras y alimenta la litigiosidad.
La intervención de la Corte Suprema
En 2024, la Corte anuló dos fallos clave:
Caso Oliva (constructora Coma): intereses del 8000%.
Caso Lacuadra (DirecTV): intereses del 20.000%.
En ambos, consideró que los montos “excedían cualquier parámetro razonable” y eran contrarios al Código Civil.
Impacto en las pymes
Las pequeñas empresas son las más afectadas por este sistema imprevisible.
Ejemplo: un jardín de infantes de Palermo enfrenta un juicio donde la exdocente reclama $22 millones, pese a una oferta de $5 millones más honorarios. La causa sigue en curso.
Un freno al empleo
Desde 2007 no crece la cantidad de pymes.
El empleo privado registrado está estancado en 6,2 millones desde 2012.
La reforma laboral del gobierno de Javier Milei incluyó 58 artículos, de los cuales ya cayeron 42. Lo poco aprobado es neutralizado por fallos judiciales que aplican otras figuras, como «daños y perjuicios».
Casos concretos y cifras alarmantes
Quesos Trelau:
Despidió a un empleado por irregularidades en stock.
La indemnización pasó de $590.000 a $95,2 millones tras la actualización judicial (5506% en pesos, 160% en dólares).
Bodega Norton:
Arregló en junio por $400 millones con un vendedor tras 16 años de antigüedad.
El juicio podría haber terminado en $595 millones por la fórmula usada (IPC + 3% + «plus»).
Farmacia Roliria (Paraná):
Sentencia por trabajo en negro de una empleada con 14 años: cerca de $70 millones, con interés diario de $80.000.
Ofrecieron auto o terreno como forma de pago. La deuda sigue creciendo.
Posturas enfrentadas
Abogados laboralistas defienden el sistema: aseguran que los altos montos se deben a incumplimientos de las empresas.
Representantes de empresas denuncian una justicia laboral parcial y proponen fusionarla con la justicia comercial.
“Los empleadores se sienten visitantes, con la cancha inclinada”, afirman desde Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia).
Conclusión
La falta de un criterio claro para actualizar indemnizaciones y la inflación descontrolada convierten cada despido judicializado en una bomba financiera. La inseguridad jurídica desalienta la contratación, agrava la situación de las pymes y congela el empleo formal en Argentina.
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