El gobierno nacional anunció que provincias y municipios ya no podrán incluir en las boletas de los servicios públicos tasas y recargos
A través de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, se imputó a 95 empresas en diferentes localidades del país, con sanciones que podrían superar los $2.000 millones.
Las imputaciones abarcan empresas de la Ciudad de Buenos Aires y de 18 provincias, incluyendo Buenos Aires, Misiones, San Juan, Jujuy y Córdoba, entre otras. Se abrieron 244 expedientes, uno por cada localidad donde se detectaron incumplimientos. La resolución entró en vigencia el 11 de octubre, prohibiendo la inclusión de tasas municipales como alumbrado, barrido y vigilancia en las boletas de servicios públicos.
Las empresas imputadas tienen un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos. De no cumplir con la normativa, podrán ser sancionadas con multas de hasta $2.130 millones, según el artículo 47 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Hasta el momento, se han recibido 2.705 denuncias a través del correo habilitado, denunciatufactura@comercio.gob.ar.
Varios intendentes, principalmente del Conurbano bonaerense, defienden la práctica de incluir tasas en las facturas de servicios públicos, argumentando que es una fuente clave de financiamiento para áreas esenciales como seguridad, alumbrado público y mantenimiento de espacios verdes. Algunos han obtenido amparos judiciales para continuar con este sistema.
El vocero gubernamental, Manuel Adorni, respondió que «los intendentes deben buscar mecanismos alternativos para cobrar estas tasas sin cargarle al vecino costos adicionales en las facturas de servicios».
La Secretaría de Energía también ordenó a las estaciones de servicio que informen mediante carteles la aplicación de tasas viales o municipales en el precio de los combustibles, con un plazo de 120 días para adecuarse. El incumplimiento de esta normativa también podría derivar en sanciones.
El Gobierno reafirma su compromiso de proteger a los consumidores y garantizar la transparencia en la facturación de servicios públicos.
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