Una ruta nacional en Santa Fe muestra el deterioro de su superficie con múltiples baches llenos de agua, reflejando la urgencia por el mantenimiento vial en la provincia.
Un informe de ACIJ advierte que los recursos destinados a obras y mantenimiento de la red vial nacional alcanzaron su nivel más bajo en términos reales desde 1995. El recorte impactó de manera desigual entre las jurisdicciones.
La inversión nacional destinada a la red vial atraviesa uno de sus períodos de mayor retracción de las últimas décadas. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que el presupuesto ejecutado para obras y mantenimiento de rutas cayó un 79% en términos reales durante los últimos tres años, al descontar el efecto de la inflación.
El dato surge de un relevamiento que analiza la evolución del gasto vial y toma como punto de partida 1995. Según explicó Alejandro Gaggero, coordinador del programa Justicia Distributiva de ACIJ, el nivel de ejecución registrado actualmente es el más bajo de toda la serie histórica.
La reducción de los recursos no se limitó a las nuevas obras. También alcanzó al mantenimiento de las rutas existentes, una situación que genera preocupación por el estado de distintos corredores estratégicos utilizados diariamente para el transporte de pasajeros y cargas.
El impacto no fue igual en todas las provincias
El recorte de los fondos nacionales alcanzó a las distintas jurisdicciones, aunque con diferencias importantes. Buenos Aires y Chubut registraron caídas cercanas al 85%, mientras que Santa Fe y Córdoba tuvieron reducciones de alrededor del 70%.
En paralelo, comenzó a tomar mayor relevancia otro fenómeno: el traspaso de rutas nacionales a las provincias. Gaggero mencionó los casos de Santa Fe y Río Negro, en un escenario en el que los gobiernos provinciales vienen reclamando por la falta de recursos y mantenimiento de corredores que permanecen bajo responsabilidad nacional.
La transferencia supone un desafío adicional para las administraciones provinciales, especialmente porque hacerse cargo de una ruta implica afrontar no solamente las tareas de conservación, sino también los costos vinculados con su infraestructura y seguridad.
No todas las provincias cuentan con la misma capacidad financiera para asumir esas obligaciones. De acuerdo con el análisis de ACIJ, las jurisdicciones que aceptaron determinadas transferencias son aquellas que tienen mayores posibilidades de sostener corredores considerados estratégicos o de fuerte impacto dentro de sus territorios.
El impuesto a los combustibles y los fondos que no llegan a las rutas
Otro de los puntos señalados por el informe está relacionado con el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, cuya recaudación tiene asignaciones específicas vinculadas con la infraestructura vial.
Según Gaggero, actualmente solo alrededor del 25% de esos recursos termina ejecutándose en rutas, mientras que el resto no se transforma en obras o tareas de mantenimiento.
El especialista sostuvo que una parte significativa de esos fondos permanece sin ejecutar y se mantiene dentro del circuito financiero, en lugar de convertirse en infraestructura vial.
La situación adquiere especial relevancia en un contexto en el que el Gobierno nacional impulsa un nuevo esquema para la administración de corredores viales, con participación de operadores privados.
Privatización enfocada en el mantenimiento
La estrategia oficial contempla la concesión de distintos corredores de la red nacional. Sin embargo, desde ACIJ remarcan que este mecanismo está orientado principalmente a mantener las rutas existentes, y no necesariamente a ampliar la red mediante la construcción de nuevas trazas.
El cambio de modelo busca trasladar parte de las tareas de conservación y operación hacia empresas privadas, en un escenario marcado por la reducción de la inversión pública directa.
Para los especialistas, el problema de fondo continúa siendo la necesidad de sostener una red vial extensa en un país cuya actividad económica depende en buena medida del transporte terrestre.
Rutas deterioradas, mayores costos y preocupación por la seguridad
El estado de las rutas no representa solamente un problema de infraestructura. También tiene consecuencias sobre los costos de transporte y, por lo tanto, sobre la competitividad de la economía.
Argentina moviliza buena parte de su producción hacia los centros de consumo y los puertos mediante camiones y otros vehículos que utilizan la red vial. Una infraestructura deteriorada puede traducirse en mayores tiempos de viaje, costos de mantenimiento de los vehículos y gastos logísticos.
A esto se suma la preocupación por la seguridad vial. De acuerdo con las declaraciones de Gaggero, aproximadamente la mitad de las muertes provocadas por accidentes de tránsito en Argentina ocurre en rutas.
Si bien el especialista indicó que entre 2024 y 2025 todavía no se observó un incremento significativo de las víctimas fatales en rutas, distintos sectores vienen advirtiendo que la falta de mantenimiento sostenido podría terminar agravando los riesgos.
El informe de ACIJ vuelve así a poner el foco sobre un problema que excede la discusión presupuestaria: qué recursos se destinan al mantenimiento de la red vial, quién debe hacerse cargo de las rutas y cómo se financiará su conservación en los próximos años.
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