Un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) expone la complejidad del sistema impositivo que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. Según el estudio, una pyme promedio debe cumplir a lo largo del año con 37 tributos distintos y 30 regímenes de retención, percepción e información, lo que eleva a 67 las obligaciones fiscales y administrativas que recaen sobre su actividad.
El informe, titulado Vademécum Tributario Argentino de PyMES 2025 y elaborado por el economista Nadin Argañaraz, no mide el peso monetario de los impuestos, sino la cantidad y diversidad de gravámenes que afectan a una empresa tipo en su operatoria habitual.
El análisis toma como referencia una pyme constituida como sociedad de responsabilidad limitada (SRL), con empleados en relación de dependencia, establecimiento propio, flota de vehículos, consumo de servicios públicos, utilización de insumos importados, ventas al mercado interno y exportaciones parciales. Además, se contempla la renovación anual de equipamiento tecnológico y de al menos un vehículo, junto con trámites administrativos a nivel provincial y municipal.
En cada etapa de su funcionamiento aparece una combinación de impuestos, tasas y contribuciones. En la compra de insumos locales intervienen el IVA, Ingresos Brutos, la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) y el impuesto al cheque. Si los insumos son importados, se suman los derechos de importación y la tasa estadística.
En la venta de productos en el mercado interno, la carga impositiva vuelve a incluir IVA, Ingresos Brutos, TISH e impuesto al cheque. En el caso de las exportaciones, se agregan los derechos de exportación, que gravan específicamente esa operación.
El consumo de servicios también presenta una estructura tributaria compleja. En telefonía e internet aparecen, además de los impuestos tradicionales, fondos fiduciarios, tasas de control y fiscalización, impuestos internos y tasas municipales. Algo similar ocurre con los servicios de electricidad, gas y agua, donde confluyen tributos de los tres niveles del Estado.
La propiedad del inmueble donde funciona la empresa está alcanzada por el impuesto inmobiliario provincial y la tasa inmobiliaria municipal. La flota vehicular paga impuesto automotor, tasas municipales y derechos de inspección técnica. A esto se suman los impuestos sobre el combustible, como el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono, además de gravámenes asociados a la renovación de vehículos y seguros.
La compra de bienes tecnológicos —como celulares o notebooks— tampoco queda exenta, ya que incluye impuestos internos específicos sobre productos electrónicos.
El empleo de personal implica el pago de contribuciones patronales, aportes y regímenes de retención. Los propietarios de la empresa, a su vez, deben cumplir con el régimen de trabajadores autónomos. Si la pyme obtiene ganancias, queda alcanzada por el impuesto a las Ganancias de sociedades.
En paralelo, el uso del sistema financiero incorpora de manera transversal el impuesto al cheque, que impacta sobre múltiples operaciones cotidianas.
De los 37 tributos identificados, 18 corresponden al Estado nacional, 8 a las provincias y 11 a los municipios. A nivel nacional se concentran impuestos como IVA, Ganancias, contribuciones a la seguridad social, derechos de importación y exportación e impuestos internos. Las provincias recaudan principalmente a través de Ingresos Brutos, el impuesto inmobiliario y el automotor, mientras que los municipios obtienen recursos mediante la TISH y diversas tasas por servicios y habilitaciones.
El informe también destaca la existencia de 30 regímenes de retención, percepción e información que atraviesan impuestos nacionales y provinciales. Estos mecanismos obligan a las pymes no solo a pagar tributos, sino también a actuar como agentes de recaudación e informantes permanentes ante organismos como la AFIP y el Banco Central.
“El entramado tributario de una pyme presenta un alto grado de complejidad y una elevada cantidad de imposiciones”, concluyó Argañaraz, al señalar que la multiplicidad de obligaciones constituye uno de los principales desafíos para el sector.
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