«Ante la falta de consenso en las negociaciones sobre el salario mínimo vital y móvil, el Gobierno ha tomado la responsabilidad de dictaminar el nuevo valor», declaró Adorni.
Esta decisión se tomó luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantara en una entrevista televisiva la intención de fijar el SMVM. «Estamos en proceso de establecerlo, el salario mínimo es un punto de referencia importante», puntualizó Caputo. Esta medida implica un aumento aproximado del 30%, que también se reflejará en jubilaciones y asignaciones universales por hijo (AUH) gracias a la fórmula automática que entrará en vigencia en marzo.
Comparado con el salario mínimo de enero, que se situó en $156.000, el aumento este mes representa alrededor del 15%, mientras que entre enero y marzo, alcanza el 30%.
El salario mínimo, vital y móvil se determina usualmente en negociaciones entre cámaras empresariales y sindicatos. Sin embargo, en esta ocasión, el Poder Ejecutivo ha tomado la decisión ante la ausencia de acuerdo. Este salario establece un límite mínimo para los contratos laborales y otros aspectos, según lo estipula la Constitución Nacional.
Además de su impacto en las relaciones laborales, el salario mínimo sirve como referencia para diversos programas sociales. Por ejemplo, los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo reciben el 50% del SMVM, mientras que en otros casos determina la elegibilidad para programas como Becas Progresar.
La falta de acuerdo en la discusión sobre el SMVM llevó al Gobierno y a los representantes gremiales, sociales y empresariales a reunirse el 15 de febrero. Sin embargo, al no alcanzar un consenso, el Gobierno ha decidido fijar el nuevo valor por decreto, una medida que representa un cambio significativo en la postura del presidente Javier Milei, quien previamente había descartado esta opción.
Este aumento del salario mínimo implicará un costo fiscal significativo para el Gobierno, particularmente en programas sociales como Potenciar Trabajo. La Casa Rosada busca recortar gastos en este rubro, considerado irregular por ser intermediado por organizaciones sociales.
En resumen, el aumento del salario mínimo vital y móvil responde a la intervención del Gobierno ante la falta de acuerdo entre las partes involucradas, marcando un cambio en la estrategia gubernamental y teniendo implicaciones económicas y sociales importantes.
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