El aumento de la morosidad en los créditos encendió señales de alerta tanto en el sistema financiero como en los despachos oficiales, en un contexto económico que comienza a mostrar tensiones más visibles. Los datos, tanto públicos como privados, reflejan un deterioro sostenido en la capacidad de pago de familias y empresas, con niveles que no se registraban desde la crisis de 2001 en Argentina.
En el caso de los hogares, la proporción de préstamos en situación irregular creció con fuerza: pasó de 2,5% a fines de 2024 a 9,3% en diciembre de 2025. Si se suman los créditos otorgados por fintechs y billeteras virtuales, el porcentaje de familias con atrasos supera el 13%, marcando un récord en más de una década. El deterioro es aún más pronunciado en el sistema no bancario, donde la morosidad ronda el 25%, impulsada en gran parte por tasas de financiamiento muy elevadas.
El fenómeno no se limita al consumo. En el segmento empresarial también se observa un aumento en los incumplimientos, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Mientras las grandes compañías mantienen niveles de mora relativamente bajos, las pymes muestran mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros, en un escenario de costos crecientes y demanda aún débil.
Detrás de esta dinámica aparecen factores que se combinan y potencian: tasas de interés reales altas, ingresos que no logran recomponerse al mismo ritmo y el fin de un período en el que la inflación ayudaba a licuar el peso de las deudas. Con una inflación más contenida, las cuotas dejaron de perder valor en términos reales, lo que incrementó la presión sobre los ingresos disponibles.
Desde el sector bancario reconocen la preocupación, aunque destacan que el sistema cuenta con niveles de capital y previsiones suficientes para afrontar un deterioro moderado. Sin embargo, el tema dejó de ser marginal y pasó a ocupar un lugar central en las conversaciones con inversores y analistas, que buscan anticipar cuándo se alcanzará el pico de morosidad y cuándo comenzará a ceder.
En paralelo, la suba de los incumplimientos empieza a impactar en la dinámica del crédito. Las entidades endurecen las condiciones para prestar y priorizan perfiles de menor riesgo, lo que limita la expansión del financiamiento. Se configura así un círculo complejo: a mayor mora, menor oferta de crédito; y sin crédito, se dificulta la recuperación de la actividad económica.
En este marco, el desafío para la política económica es delicado. Por un lado, se busca sostener la desaceleración inflacionaria; por otro, evitar que el endurecimiento financiero profundice el deterioro en la cadena de pagos. Algunas medidas recientes apuntan a aliviar las condiciones monetarias y reducir tasas de corto plazo, con la expectativa de generar un proceso gradual de normalización.
Las proyecciones del mercado coinciden en que la morosidad podría seguir en alza en el corto plazo y encontrar un punto de estabilización hacia la segunda mitad de 2026. La evolución dependerá, en gran medida, de la recuperación de los ingresos, la reactivación del crédito y una mejora sostenida en la actividad.
Por ahora, el sistema financiero transita una etapa de cautela, con indicadores que obligan a un seguimiento cercano. Más que una crisis inminente, lo que revelan estos números es una fragilidad creciente en la economía real, donde la capacidad de pago se convirtió en una de las principales variables a observar en el camino hacia la recuperación.
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