La causa que busca determinar el origen de una fortuna millonaria vinculada a una quinta de lujo en Pilar, otras propiedades y una flota de más de 50 vehículos de alta gama ingresó en una etapa decisiva. Por primera vez, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky habló de una posible administración fraudulenta en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dejó abierta la puerta a que la entidad sea considerada víctima de sus propios dirigentes.
El expediente, que supera las 4.000 fojas, investiga quiénes son los verdaderos dueños de una mansión valuada en unos 20 millones de dólares, ubicada en Villa Rosa, Pilar, además de otras cuatro propiedades y decenas de autos de lujo. La sospecha central es que esos bienes serían el resultado de maniobras de lavado de activos, precedidas por delitos cometidos dentro de la estructura de la AFA.
Según la hipótesis judicial, el delito que habría dado origen al esquema es el de administración fraudulenta, una figura que castiga a quienes, teniendo a su cargo la gestión de bienes ajenos, los perjudican para obtener un beneficio indebido propio o para terceros.
En este punto, Aguinsky sostuvo que, de manera provisoria, la AFA podría haber sido damnificada “a través de sus directivos”, al advertir que el manejo de fondos y recursos de la entidad habría sido desviado para fines ajenos a su objeto institucional.
Ese presunto perjuicio económico sería el antecedente necesario para el segundo delito investigado: el lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal y penado con hasta diez años de prisión.
La Justicia intenta determinar si el dinero obtenido de manera irregular fue luego “blanqueado” mediante la compra de inmuebles, vehículos de alta gama y sociedades comerciales, tanto en el país como en el exterior.
De acuerdo con el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial, la investigación no se limita a la titularidad formal de la quinta de Pilar ni a su ubicación geográfica. Por el contrario, apunta a un entramado de actos jurídicos, financieros y administrativos, que incluye:
La constitución y modificación de sociedades comerciales.
La adquisición de empresas.
Vínculos personales y laborales con instituciones del fútbol profesional.
Negocios conexos desarrollados dentro y fuera del país.
En ese esquema aparece como figura clave Luciano Pantano, un monotributista vinculado a la AFA, quien junto a su madre —una jubilada— figura como responsable de la sociedad que adquirió la propiedad de Pilar.
Entre las pruebas reunidas, la Justicia detectó que los pases de peaje de los 54 vehículos hallados en la quinta eran abonados con una tarjeta corporativa de la AFA, emitida a nombre de Pantano. Para los investigadores, este dato refuerza la sospecha de que bienes y recursos de la entidad habrían sido utilizados para sostener una estructura patrimonial ajena a los ingresos declarados.
El expediente quedó atravesado por una disputa de competencia entre el juzgado de Aguinsky y el de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. La defensa de Pantano pidió que el caso se tramite en Campana, alegando que las propiedades están en Pilar.
Sin embargo, Aguinsky rechazó apartarse y afirmó que la ubicación del inmueble es “solo un punto en el mapa”, frente a un esquema delictivo que tendría su núcleo operativo en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión final quedó ahora en manos de la Cámara Federal de San Martín.
Qué se define en las próximas semanas
Durante la feria judicial de enero, la Sala I de la Cámara deberá resolver si la causa continúa en el fuero penal económico porteño o si se traslada a Campana. La definición será clave para el avance de la investigación.
Si se confirma la competencia de Aguinsky, se espera una profundización de las medidas de prueba sobre el flujo de fondos, las responsabilidades de directivos de la AFA y eventuales conexiones con otras causas, incluidas investigaciones por delitos tributarios.
El expediente, que ya expone una de las investigaciones patrimoniales más sensibles vinculadas al fútbol argentino, podría escalar aún más en impacto institucional y judicial.
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