Claudio Chiqui Tapia
La situación judicial del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, sumó este martes un nuevo capítulo. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bursátil del máximo dirigente del fútbol argentino, en el marco de una causa que investiga una presunta apropiación indebida de aportes previsionales.
La medida no alcanza únicamente a Tapia, sino que también incluye a otros integrantes clave de la conducción de la AFA. Entre ellos figuran el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Ariel Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo, todos miembros de la mesa directiva del organismo.
Además, el magistrado resolvió habilitar la feria judicial con el objetivo de avanzar sin demoras en la investigación impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo sospecha que la AFA habría retenido y no ingresado aportes a la seguridad social por una suma cercana a los 19 mil millones de pesos.
La semana pasada, Tapia fue formalmente imputado en el fuero penal económico a partir de un requerimiento del fiscal Claudio Navas Rial. En su dictamen, el representante del Ministerio Público señaló la responsabilidad institucional del presidente de la AFA, tanto por su rol de conducción como por el manejo de la clave fiscal de la entidad.
El fiscal consideró, además, que debido a la magnitud económica de la asociación y a los montos investigados, la pesquisa debía extenderse al resto de la conducción, al entender que los directivos habrían tenido intervención en la administración y disposición de los fondos bajo análisis.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA. En la presentación se atribuye a la AFA una deuda superior a los 19.353 millones de pesos, correspondiente a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes previsionales que no habrían sido depositados dentro de los plazos legales.
Según la denuncia, las irregularidades se habrían producido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, período en el cual la entidad habría retenido tributos y contribuciones correspondientes tanto a empleados propios como a trabajadores de clubes del fútbol argentino.
En cuanto a los presuntos delitos vinculados a los recursos de la seguridad social, se invocó el artículo 7° del Régimen Penal Tributario, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quienes evadan, total o parcialmente, el pago de aportes y contribuciones cuando los montos superen los valores establecidos por la ley.
Un contexto de mayor escrutinio
La imputación y las nuevas medidas judiciales se producen en un contexto de creciente escrutinio público sobre la situación institucional de la AFA. En los últimos meses, la entidad quedó bajo la lupa de la Justicia a raíz de distintas causas vinculadas a sus manejos administrativos, financieros y contables, lo que profundizó el debate sobre la transparencia en la conducción del fútbol argentino.
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