El juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó al ente recaudador como querellante en la investigación por presunta apropiación indebida de más de $19.300 millones por parte de la Asociación del Fútbol Argentino. Claudio “Chiqui” Tapia ya fue imputado.
La disputa entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino escaló al terreno judicial. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante otorgó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la calidad de querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por no transferir al Estado impuestos y contribuciones descontadas a los clubes durante un período de 18 meses.
La resolución, dictada el viernes último, habilita a los representantes legales del organismo —que sucedió en funciones a la AFIP— a acceder al expediente, impulsar medidas y apelar resoluciones en el rol de acusación privada contra la administración encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la propia ARCA el 12 de diciembre pasado. En ella, el organismo advirtió que la AFA retenía impuestos y aportes sociales, pero no concretaba su depósito. Tras esa presentación, el fiscal Claudio Navas Rial requirió la apertura de la investigación e imputó a la cúpula dirigencial por evasión agravada.
Ante la gravedad de la maniobra denunciada y la posibilidad de que se perdieran pruebas, el juez Amarante decidió habilitar la feria judicial de enero. De esa forma, el expediente continúa tramitándose pese al receso de verano.
Según la documentación aportada por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el perjuicio fiscal asciende a $19.353.546.843,85. Las irregularidades alcanzan al Impuesto al Valor Agregado, al Impuesto a las Ganancias y a las Contribuciones a la Seguridad Social y abarcan el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Los montos más elevados se explican en dos rubros: más de $8.000 millones de retenciones no ingresadas por Ganancias y más de $8.600 millones correspondientes a aportes previsionales practicados sobre salarios del personal de los clubes.
Para ARCA, no se trata de una deuda común sino de una maniobra de apropiación, dado que los fondos descontados “no son propios del contribuyente” y pertenecen al Estado desde el momento en que se realiza la retención.
Con el expediente en marcha, el fiscal Navas Rial imputó a Claudio Tapia. En paralelo, el juez Amarante libró oficios al Banco Central y a todas las entidades financieras vinculadas a la AFA para reconstruir el recorrido de los fondos y determinar si la entidad utilizó temporalmente el dinero retenido para obtener rendimientos antes de cumplir sus obligaciones fiscales.
La defensa del organismo deportivo, a cargo del abogado Norberto Frontini, ya se presentó en la causa, aunque todavía no planteó pruebas ni ofreció descargos.
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