La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9, a cargo de Jorge Dahl Rocha, pidió profundizar la investigación por presunto lavado de activos en una causa que involucra a intermediarios financieros en el exterior y posibles desvíos de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El requerimiento fue presentado ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky tras una ampliación de denuncia formulada por los referentes de la Coalición Cívica Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, basada en investigaciones periodísticas.
La causa tiene como imputados a Luciano Pantano y a su madre, Ana Conte, por el origen de los fondos que permitieron la compra de una mansión en Pilar valuada inicialmente en USD 17 millones y cuyo valor actual —según un peritaje— superaría los USD 20 millones.
Según la denuncia reseñada en el dictamen, entre 2021 y 2025 habría operado una red de intermediarios financieros en Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales que canalizó más de USD 300 millones por fuera del sistema bancario argentino. El esquema habría funcionado bajo el argumento del cepo cambiario y con comisiones “irregularmente onerosas” que alcanzaban el 30%.
Entre las firmas mencionadas figuran Q22 Services Limited (Guernsey), Stratega Consulting USA LLC (Delaware), Odeoma Gestión SL (España) y TourProdEnter LLC, esta última vinculada al empresario teatral y exdiputado provincial Javier Faroni, quien habría actuado como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior desde fines de 2021.
Faroni ya está siendo investigado en otro expediente a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, quien lo citó para el 19 de enero junto a su pareja, Erika Gillette, titular formal de la sociedad.
El dictamen fiscales advierte que TourProdEnter habría concentrado ingresos por USD 260,5 millones, pero sólo una parte mínima habría ingresado a las cuentas de la AFA: apenas el 5,4%, pese a que el contrato establecía que la entidad debía recibir el 70%.
El resto de los fondos habría sido derivado a otras sociedades registradas en Florida, como Velpasalt Global LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velp LLC, que según la denuncia no tendrían actividad económica que justifique los movimientos.
La Fiscalía también cuestionó pagos por más de USD 4 millones a Dicetel Corp, una firma de Miami sin empleados ni operaciones visibles, por supuestos servicios intangibles de consultoría y cursos de “filosofía de gestión”, de los cuales no existe evidencia documental.
Además, se identificaron transferencias hacia otras firmas locales y extranjeras —entre ellas Florida Secured Title LLC, Brisa Management LLC, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC y Spring Stalk— que carecerían de actividad real, lo que refuerza la hipótesis del lavado.
El dictamen volvió a centrar la atención en la compra de una mansión en el barrio cerrado Villa Rosa, en Pilar, a través de Real Central SRL, sociedad controlada por Pantano —monotributista— y Conte, jubilada. Para la Fiscalía, la falta de capacidad económica de ambos constituye un indicio relevante de que el inmueble habría sido adquirido con fondos de origen ilícito.
El escrito también menciona que los socios de la firma otorgaron amplios poderes de administración a cinco personas ajenas a la sociedad, algunas con vínculos políticos en Santiago del Estero, lo que motivó nuevas medidas para verificar identidades, domicilios y roles.
El Ministerio Público solicitó:
En su conclusión, Dahl Rocha describió el cuadro como un “complejo entramado societario y económico” vinculado al fútbol profesional y con una dimensión que “excede la investigación original”.
La causa de Aguinsky se inició por la compra de la mansión y la flota de autos de alta gama valuada en casi USD 4 millones hallada en el lugar. Si se confirma el circuito financiero denunciado, la Justicia evaluará si existió desvío, ocultamiento o reintegración de fondos provenientes de actividades ilícitas.
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