El presidente de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Moretti, fue procesado en las últimas horas por el delito de administración fraudulenta, en el marco de la causa que investiga el presunto cobro de una coima de 25 mil dólares para fichar a un jugador en las divisiones inferiores del club.
La resolución fue dictada por la jueza Laura Bruniard, a pedido de la fiscal Mónica Cuñarro, en un contexto de profunda crisis institucional en el club de Boedo. Moretti continuará en libertad, aunque fue embargado por 38 millones de pesos y tiene prohibida la salida del país.
En su dictamen, la fiscalía sostuvo que Moretti “tenía el deber legal y estatutario de resguardar los intereses patrimoniales de la institución”. Sin embargo, la jueza consideró que el dirigente actuó en sentido opuesto:
“Se aprovechó de su condición, priorizó un interés personal e ilegal y recibió el dinero para sí”, afirmó Bruniard, quien calificó el hecho como un desapoderamiento ilegítimo y una apropiación indebida de recursos en el ejercicio de su función.
El procesamiento se conoció en medio de una situación institucional límite en San Lorenzo, luego de la renuncia de 14 integrantes de la Comisión Directiva, lo que derivó en la declaración de acefalía. Este escenario agravó el impacto político y deportivo del avance judicial contra el presidente.
El expediente estuvo atravesado por fuertes tensiones desde su inicio. Moretti se negó a declarar en reiteradas oportunidades y la investigación quedó envuelta en una disputa por la competencia entre distintos fueros.
Por un lado, el fiscal porteño Maximiliano Vence inició una causa de oficio tras la difusión de una cámara oculta emitida por el programa Telenueve Denuncia. En ese marco, se ordenó un allanamiento en el domicilio del dirigente, donde no fue hallado su teléfono celular.
Paralelamente, la causa que instruyen Cuñarro y Bruniard se inició tras la denuncia del abogado César Francis, dirigente opositor en el club. En ese expediente se incorporó información clave aportada por la AFA, que confirmó que el juvenil involucrado fue efectivamente fichado. La empresaria vinculada al caso declaró y sostuvo que el pago había sido en tono de broma, intentando desligar a Moretti.
En septiembre, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones resolvió que la causa debía permanecer en el fuero nacional. No obstante, la defensa volvió a cuestionar la competencia y llevó el planteo al Tribunal Superior de Justicia porteño, donde el análisis quedó a cargo del juez Luis Lozano.
Tras conocerse el procesamiento, el abogado defensor Gastón Marano cuestionó duramente la resolución y aseguró que “no responde a ningún criterio jurídico posible”. Según sostuvo, los tiempos del fallo están ligados a presiones políticas y no judiciales.
“El llamado a indagatoria de toda la Comisión Directiva, la acefalía del club y ahora el procesamiento de Moretti responden a una secuencia que tiene más que ver con la política que con la justicia”, afirmó el penalista, quien adelantó que apelarán la decisión y avanzarán con acciones contra quienes, según su visión, “maquinaron esta situación”.
El caso continúa abierto y promete seguir teniendo impacto tanto en el ámbito judicial como en el futuro institucional de San Lorenzo.
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