Claudio Chiqui Tapia
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió al cruce de la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) de solicitar al Ministerio de Justicia la designación de veedores para acceder a información contable y financiera que, según el organismo, no fue entregada pese a reiterados requerimientos.
A través de un extenso comunicado firmado por su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, la entidad rechazó la medida y la calificó como una “veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”.
La medida de la IGJ
La solicitud de veeduría fue formalizada mediante una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, en la que se alude a la existencia de “graves irregularidades” dentro de la AFA. El organismo sostuvo que la información requerida no fue presentada en tiempo y forma, lo que motivó el pedido de designación de veedores para relevar documentación contable.
Desde la Casa Madre del fútbol argentino respondieron que la resolución “no implica sanción ni interferencia en el manejo y administración de la entidad”, y la definieron como una “medida preparatoria” destinada a determinar si corresponde adoptar acciones adicionales.
“Una contradicción insoslayable”
En uno de los puntos centrales del descargo, la AFA cuestionó la calificación de “graves irregularidades” utilizada por la IGJ.
“Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en ‘graves irregularidades’? Si fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones. Pero no lo hace”, plantea el documento, al que tituló “La contradicción insoslayable”.
Además, la entidad aseguró que los balances correspondientes a los ejercicios 2017 a 2024 fueron presentados y que actualmente se encuentran con “vistas pendientes” dentro de un procedimiento administrativo ordinario. Según el comunicado, el balance 2025 no fue remitido a la IGJ porque, desde noviembre de 2024, la AFA fijó su domicilio legal en la provincia de Buenos Aires, trámite que —afirman— fue aprobado por la autoridad provincial competente.
El cambio de domicilio y la disputa jurisdiccional
Otro de los ejes del conflicto es el traslado del domicilio legal a Pilar, en la provincia de Buenos Aires. La IGJ sostuvo que la sede declarada sería “falsa” por no contar con oficinas en el predio. La AFA replicó que la inscripción fue validada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y que se trata de un acto administrativo vigente.
En ese marco, la entidad vinculó la controversia con una disputa de jurisdicción entre Nación y Provincia, y advirtió que cualquier conflicto debería dirimirse en la Justicia.
El antecedente del caso Bullrich
En su descargo, la AFA también citó como antecedente la intervención dispuesta en 2023 contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), entonces presidido por Patricia Bullrich. Según el texto, aquella medida fue anulada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil por violación al debido proceso.
La entidad sostiene que los argumentos utilizados en aquel caso son similares a los que hoy se esgrimen contra la AFA.
Trasfondo político y debate por las SAD
El comunicado también apuntó contra el Gobierno nacional y sugirió que la medida forma parte de una estrategia para impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), en línea con la postura del presidente Javier Milei.
“No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las SAD a través del debilitamiento institucional de la AFA”, sostiene el texto.
Judicialización en puerta
Finalmente, Tapia adelantó que la AFA recurrirá la decisión ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales”, concluye el comunicado, que cierra con una consigna: “El fútbol argentino es del pueblo. Y el pueblo no se vende”.
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