Claudio Chiqui Tapia
La causa que investiga el presunto lavado de activos ligado a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio un nuevo giro. Desde este miércoles, el expediente quedó radicado en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, luego de que el magistrado en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky enviara digitalmente toda la documentación acumulada.
El caso tiene como eje una quinta ubicada en Pilar, valuada en USD 17 millones, con helipuerto, caballerizas y un galpón en el que se secuestraron 54 autos y motos de alta gama. La vivienda está registrada a nombre de Real Central, firma asociada a Luciano Pantano y a su madre, Ana Conte, ambos imputados en la investigación.
Desde la denuncia original presentada por la Coalición Cívica, la causa atravesó tres juzgados, tres fiscalías y dos cámaras federales que intervinieron en distintos momentos. El primer juez sorteado en Comodoro Py fue Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente para investigar el lavado y remitió el expediente al fuero penal económico, aunque antes ordenó allanamientos, la prohibición de salida del país de los acusados y la tasación de los vehículos hallados.
La Cámara Federal porteña ratificó el envío, lo que hizo ingresar al expediente al Juzgado Penal Económico N°10, actualmente subrogado por Aguinsky. Ese juzgado incluso habilitó la feria judicial de enero y citó a los imputados, pero la defensa pidió la inhibitoria alegando que los bienes están en Pilar, territorio bajo jurisdicción del fuero federal de Campana.
Además del patrimonio investigado, el nuevo juez deberá avanzar sobre otro tramo sensible: la posible existencia de una estructura financiera para desviar fondos vinculados a la AFA hacia el exterior entre 2021 y 2025. Según la ampliación de denuncia impulsada por la fiscalía, más de USD 300 millones habrían circulado fuera del sistema bancario argentino mediante intermediarios y sociedades registradas en el extranjero. Entre ellas figura TourProdEnter LLC, del empresario y exdiputado Javier Faroni, agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior desde finales de 2021.
Aguinsky rechazó inicialmente ceder la causa, sosteniendo que el eventual delito precedente —la defraudación a los asociados de la AFA— tenía como epicentro la Ciudad de Buenos Aires, en base al histórico domicilio de la entidad de la calle Viamonte. En su juzgado también se incorporó un informe que revelaba que Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA para pagar peajes y servicios domiciliarios.
Sin embargo, la Cámara Federal de San Martín terminó resolviendo la inhibitoria. El juez de feria Alberto Lugones subrayó que desde noviembre de 2024 la AFA inscribió oficialmente su sede en Pilar, lo que reforzó el criterio territorial. Además, advirtió que demorar la definición del fuero podía vulnerar la garantía del juez natural consagrada en la Constitución.
De este modo, el fiscal Sebastián Bringas y el juez González Charvay serán quienes conduzcan la etapa siguiente del proceso.
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