La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturas apócrifas y la salida no documentada de fondos por más de 375 millones de pesos. La acusación se basa en una fiscalización integral que detectó pagos sin respaldo económico real y posibles maniobras para eludir controles tributarios.
Según confirmaron fuentes judiciales, la presentación fue realizada tras tareas de análisis y control llevadas adelante por el organismo que conduce Andrés Vázquez, las cuales revelaron movimientos de dinero que no contaban con documentación válida ni correspondían a servicios efectivamente prestados.
El material probatorio ya fue puesto a disposición de la Justicia federal, mientras ARCA continúa avanzando con actuaciones administrativas y judiciales dentro de sus competencias. El monto estimado del perjuicio fiscal podría incrementarse a medida que avance la investigación, ya que no se incluyen intereses ni eventuales multas.
Esta nueva denuncia se suma a otra anterior impulsada por el mismo organismo, en la que se investigan posibles delitos de evasión tributaria y previsional por una cifra que superaría los 19 mil millones de pesos.
El expediente se inició a partir de alertas generadas por los sistemas internos de análisis de riesgo de ARCA, que detectaron inconsistencias en la facturación recibida por la AFA entre marzo de 2023 y junio de 2025. A partir de allí, se desplegó una fiscalización que incluyó inspecciones presenciales, verificaciones de domicilios, análisis de cuentas bancarias y cruces de información con otras bases de datos fiscales.
Durante esas tareas se identificaron pagos a proveedores incluidos en el registro oficial de contribuyentes no confiables, integrado por firmas consideradas apócrifas o sin capacidad económica para prestar los servicios facturados. En muchos casos, se trataba de empresas sin empleados registrados, sin infraestructura ni activos compatibles con los montos facturados.
Como resultado de la fiscalización, ARCA dictó resoluciones administrativas que determinaron ajustes fiscales en concepto de Impuesto a las Ganancias por salidas no documentadas y en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Estas resoluciones fueron notificadas a la AFA a comienzos de 2026.
La entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia rechazó las liquidaciones y expresó su desacuerdo con los ajustes, lo que llevó al organismo recaudador a avanzar con un procedimiento determinativo de oficio, instancia que habilita una revisión más exhaustiva cuando el contribuyente no acepta la determinación fiscal.
En paralelo, nuevos cruces sistémicos permitieron detectar otras facturas observadas, ampliando tanto el período investigado como la cantidad de operaciones bajo análisis.
El detalle de los montos observados
De manera preliminar, ARCA estimó los siguientes ajustes:
Impuesto a las Ganancias – Salidas no documentadas
Ejercicio 2025: $170.061.981,26
Ejercicio 2024: $181.890.906,64
Ejercicio 2023: $22.934.217,46
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Ejercicio 2023: $1.160.350,80
En conjunto, el monto determinado supera los 375 millones de pesos, sin considerar intereses ni sanciones accesorias.
Uno de los puntos centrales del expediente es el análisis individual de más de una decena de proveedores que presentan patrones similares: domicilios inexistentes o incompatibles con la actividad declarada, ausencia de personal, falta de bienes operativos y movimientos bancarios atípicos, como retiros inmediatos de fondos o circuitos cerrados de dinero.
En varios domicilios declarados, los inspectores constataron la inexistencia de actividad comercial o encontraron viviendas particulares sin signos de funcionamiento empresarial.
La imputación principal se encuadra en la figura de “salidas no documentadas”, prevista en la Ley de Impuesto a las Ganancias, que se aplica cuando los pagos realizados no acreditan una operación real, aun cuando existan comprobantes formales.
Según los informes técnicos, la reiteración de las operaciones y el volumen de los montos involucrados indicarían que la AFA no podía desconocer la falta de sustento económico de los proveedores contratados. Para los investigadores, no se trata de errores aislados, sino de un esquema repetido a lo largo de varios ejercicios fiscales.
La causa se encuentra actualmente en etapa de instrucción. No hay imputaciones penales formales, aunque la Justicia evalúa los indicios aportados por ARCA y podría ampliar la investigación si surgen nuevos elementos.
El caso se perfila como una de las investigaciones fiscales más relevantes de los últimos años en torno a una entidad de alto perfil público, tanto por el volumen económico involucrado como por la complejidad del entramado bajo análisis.
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